Misión de Determinación de Hechos: qué pasará después de la extensión de su vigencia

Caracas / Foto Portada: ABC.- El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el martes la resolución 45/L.43 que amplía por 2 años el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y establece que si el Estado no coopera de forma efectiva, podría crearse una comisión de investigación internacional que monitoree y recoja información sobre violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país. Consolidar la creación de esta comisión constituiría un avance pero no una acción definitiva para juzgar a los responsables, ya que solo la Corte Penal Internacional (CPI) puede juzgar a perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

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La Misión de Determinación de Hechos de la ONU, cuyos representantes fueron designados por el Consejo de Derechos Humanos en 2019, tenía como objetivo "investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014 con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas".

Determinar si en Venezuela se han cometido violaciones a los derechos humanos no era el objetivo principal de la Misión, pues ello ha quedado ratificado en informes previos de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y de otros organismos internacionales. La Misión buscaba la rendición de cuentas sobre los crímenes relacionados con las violaciones graves a los DD. HH., especialmente los vinculados con las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, así como las torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en Venezuela a partir del año 2014.

Marianna Romero es abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), profesora, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. En conversación telefónica con El Cooperante, destacó que la aprobación de esta resolución constituye un avance, ya que durante dos años, la Misión de Determinación de los Hechos seguirá monitoreando la situación de DD. HH. en Venezuela y deberá presentar informes escritos y orales en los que se demuestre si el Estado ha dado cumplimiento a las más de 60 recomendaciones que ha emitido la ONU.

"Si Venezuela no manifiesta como hemos observado, la voluntad real de cumplir con estas recomendaciones, el Consejo de DD. HH. podría tomar la decisión de crear el mecanismo de investigación internacional. Este mecanismo es uno de las más importantes para avanzar en la rendición de cuentas y sobre todo para establecer mecanismos que garanticen la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, así como frenar la impunidad frente a violaciones de DD. HH.", dijo.

Romero dijo que este mecanismo de investigación es la "máxima instancia" para avanzar hacia la rendición de cuentas y precisó que a lo largo de su historia, la ONU ha ejecutado al menos 50 mandatos entre comisiones de investigación de determinación de los hechos e investigaciones internacionales. Refirió al caso de Sri Lanka, donde una misión de investigación permitió avanzar hacia el establecimiento de los elementos que se basaban en violaciones de DD. HH., para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y estableció las garantías institucionales mínimas para que no se repitieran estas violaciones.

Sin embargo, Romero enfatizó que las expectativas frente a estos mecanismos deben manejarse con cuidado porque estos procesos ameritan tiempo y rigurosidad y recordó que los únicos órganos que podrían actuar de manera coercitiva a través de la fuerza son el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional.

"El único órgano que podría actuar de manera coercitiva o a través de la fuerza sería el Consejo de Seguridad, con la debida autorización de sus miembros, porque otros órganos como el Consejo de DD. HH., o la oficina de la Alta Comisionada u otros no tienen un poder realmente coercitivo para actuar con medidas más relacionadas a la fuerza. Debemos recordar que en Venezuela tenemos abierto un examen preliminar ante la CPI, que es un mecanismo distinto al de la ONU. La CPI, al ser un tribunal internacional, sí tiene la capacidad para juzgar individualmente y penalmente a las personas que hayan cometido crímenes en función a lo establecido en el Estatuto de Roma"Marianna Romero

¿Por qué la CPI y no la ONU?

La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 con el objetivo de mantener la paz y seguridad internacional y preservar la cooperación internacional para solucionar problemas globales. El organismo se rige por la Carta de las Naciones Unidas y está integrado por representantes de 193 Estados miembros, quienes deliberan y deciden acerca de temas de interés mundial durante reuniones cada año.

En 1946, la ONU ordenó la creación de la Comisión Investigadora sobre los incidentes en la frontera de Grecia. La Comisión Investigadora fue establecida el 19 de diciembre de 1946 para que realizara una investigación en Grecia, Albania, Bulgaria y Yugoslavia encaminada a descubrir las causas y la naturaleza de las presuntas violaciones de fronteras. Se puso término al mandato de la Comisión el 15 de septiembre de 1947.

Pese a este precedente, en 2020, la ONU sigue documentando y alertando sobre la situación de violencia que se viven en la frontera turco-griega. A finales de marzo de 2020, el relator especial de la ONU para los DD. HH. de los migrantes, Felipe González Morales, afirmó que “Grecia debe tomar medidas inmediatas para poner fin a la violencia contra los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre Turquía y Grecia y mejorar su protección”.

11 organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales emitieron un documento conjunto en 2019 para explicar las razones por las que se debería crear una Comisión de Investigación de la ONU sobre Venezuela. En el texto, las oenegés señalaron que un mecanismo de este tipo, podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, obtengan justicia y reciban una reparación adecuada.

Desde 2014, las autoridades venezolanas han ejecutado detenciones arbitrarias contra más de 15 000 ciudadanos. Efectivos de las fuerzas de seguridad de la Administración de Maduro han cometido graves abusos contra detenidos que en algunos casos constituyen tortura, tales como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abuso sexual. Estos abusos han sido parte de un patrón sistemático de abusos por las fuerzas de seguridad, que actuaron en colaboración con grupos armados partidarios del gobierno, que en Venezuela se conocen como “colectivos”.

En 2018 y en los primeros cinco meses de 2019, según la Oficina de Bachelet, casi 7000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad venezolanas en supuestos casos de “resistencia a la autoridad”, en el contexto de operativos de seguridad pública. Muchos casos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Desde hace años, diversas organizaciones de DDHH han informado sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante operativos de seguridad pública en Venezuela.

Un artículo de Rodrigo Diamanti, Leonardo Vivas y Génesis Dávila, publicado por The New York Times este jueves, exhorta a la CPI a que tome en cuenta el informe presentado ante las Naciones Unidas por la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela. Los expertos en DD. HH. manifestaron que este instrumento es una "oportunidad de oro" para que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda "salde la deuda que tiene con Venezuela".

"La CPI necesita con urgencia iniciar la investigación formal de estos crímenes. Casi 60 países en el mundo claman por la vuelta de la democracia en Venezuela. Más del 80% de ellos son signatarios del Estatuto de Roma. Una manera contundente de apoyo a la causa venezolana es que refieran el caso de Venezuela ante la Corte para dejarle claro al mundo la naturaleza criminal del régimen venezolano, y que solo podrá hacerse justicia en Venezuela con la ayuda de la CPI. Tan pronto la Fiscalía abra la investigación, podrá emitir sus primeras órdenes de arresto, si no necesariamente para Maduro, al menos para los ministros de Defensa, Padrino López, y del Interior, Néstor Reverol, ambos señalados en el informe de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela".