Misión de la ONU exige la "liberación inmediata" de los detenidos en Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU hizo ese lunes urgente al Gobierno del país para que ponga fin a la "escalada de represión" que se ha acentuado desde la reciente elección presidencial realizada el 28 de julio.

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En un comunicado, la organización exige además que se realicen investigaciones exhaustivas sobre las graves violaciones de derechos humanos que han surgido en este escenario.

Según la Misión ONU, desde el cierre de las urnas, "se ha desatado una ola de protestas tanto en las calles como en las redes sociales, las cuales han sido respondidas con una feroz represalia por parte del Estado".

El organismo ha documentado al menos 23 muertes relacionadas con estas protestas, la mayoría de ellas causadas por disparos de armas de fuego entre el 28 de julio y el 8 de agosto, con un alarmante número de víctimas, 18 de las cuales eran hombres menores de 30 años.

Solicitan una investigación

Marta Valiñas, presidenta de la Misión ONU, enfatizó la necesidad de que se realicen investigaciones a fondo respecto a estas muertes, y aseguró que sí se verifica un uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, así como la implicación de civiles armados en coordinación con estas, quienes sean responsables deberán rendir cuentas. "Las víctimas y sus familias merecen justicia", añadió.

Asimismo, detalla que un informe preliminar basado en datos recopilados por diversas organizaciones de derechos humanos ha revelado que al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, de las cuales 160 eran mujeres.

Estas detenciones han convergido principalmente en el Distrito Capital (18 %), así como en los estados Carabobo (16 %) y Anzoátegui (9 %). Por su parte, el fiscal general de la República ha presentado cifras que elevan las detenciones a 2200 personas, a las cuales se les ha etiquetado de manera arbitraria como "terroristas".

Exigen liberación inmediata

La Misión identificó elementos recurrentes en estas detenciones, que las califica como "arbitrarias y que constituyen violaciones graves al debido proceso", dejando a los detenidos en una situación de desamparo ante el sistema judicial. Entre estas "irregularidades" se encuentran audiencias telemáticas sumarias sin fundamento, acusaciones de delitos graves sin evidencia suficiente, y la negación o dilación en la información a familiares.

"Es imperativo que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas de inmediato", ha afirmado Patricia Tappatá, experta de la Misión.

Tappatá exigió que las autoridades sigan estrictamente las normas internacionales relacionadas con el debido proceso y las condiciones de detención, enfatizando la importancia de que existan canales formales para la comunicación con los familiares de los detenidos.

Entre los arrestados se encuentran dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes han sido catalogados como opositores por el Gobierno. Sin embargo, la organización explica que "la mayoría de estos individuos simplemente manifestaron su desacuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales".

Según los reportes, muchas detenciones han ocurrido tras la participación en protestas o la expresión de opiniones en redes sociales, cuando las autoridades implementaron búsquedas selectivas en hogares.

Detención de niños y adolescentes

Adicionalmente, la Misión ha recibido informes preocupantes sobre la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes, acusados de los mismos delitos graves que se imputan a los adultos. La falta de asistencia de padres o tutores durante los procesos judiciales de los menores ha sido otro aspecto señalado.

Francisco Cox, otro de los expertos de la Misión, hizo hincapié en la necesidad de garantizar que se respete el trato justo a los niños y adolescentes detenidos, conforme a las normas internacionales de protección de la infancia.

La Misión expresó que continúa su trabajo de documentación, análisis, verificación e investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y reitera que la represión que ha comenzado desde el 28 de julio debe cesar de inmediato.

Cabe señalar que esta Misión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, con el propósito de evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos en el país desde 2014. Su mandato ha sido prorrogado hasta septiembre de 2024, y se espera que presente su próximo informe durante el diálogo interactivo del Consejo en ese mismo mes.