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La Lupa

Mujeres y niñas en El Callao son usadas como fichas de cambio por oro

Bolívar se ha posicionado durante dos años consecutivos como el segundo estado más violento del país , según el OVV

Cortesía

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Mutilaciones, desapariciones, asesinatos, explotación, humillación, pobreza, violencia y prostitución son palabras que sufren con sangre las mujeres que hacen vida en las minas del sur del estado Bolívar. El informe: “Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar: una perspectiva de género sensitiva, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB”, es una radiografía a este escenario escalofriante; en medio de la anarquía y la falta de DDHH, al menos 3 500 mujeres de 12 a 35 años ejercen la prostitución en la zona.

Lea también: No todo lo que brilla es oro: así vive un trabajador de las minas de El Callao

El informe hecho por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) junto a su oficina en la Extensión Guayana asegura que cientos de mujeres pierden sus derechos al ser víctimas de la trata y explotación sexual en las minas, en un círculo vicioso del que están enterados funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, ya que el Arco Minero del Orinoco está custodiado por al menos 17 alcabalas de control y seguridad.

Las profesoras Eumelis Moya (coordinadora de la oficina del CDH UCAB en Ciudad Guayana) y Beatriz Borges (investigadora del CDH UCAB y directora del Centro de Justicia y Paz – CEPAZ), coautoras del reporte, presentaron el pasado jueves 20 de mayo los hallazgos de la investigación en una rueda de prensa vía Zoom.

Moya destacó que pese a que no hay cifras oficiales sobre la prostitución en Venezuela, fuentes policiales aseguran que al menos 3 500 mujeres ejercen la prostitución en las minas del sur de Bolívar y que debido a la migración constante hacia la zona, el número aumenta con frecuencia.

Las mujeres que llegan a las minas provienen de otros estados y de países fronterizos -Brasil y Colombia-. El grupo más vulnerables son mujeres entre 12 y 35 años de edad. Algunas llegan engañadas pensando que tendrán oportunidades laborales, otras son secuestradas y otras van por decisión propia. En medio de la crisis humanitaria compleja y la pandemia, son pocas las opciones laborales que tiene la mujer venezolana que carece de estudios y educación. Al llegar a las minas se exponen a tal estado de indefensión que su destino es sufrir algún tipo de esclavitud, sí, en pleno siglo XXI.

Se dice fácil, pero no lo es. Todo este entramado criminal está dominado por grupos irregulares, amparados por el Estado venezolano. Cabe destacar que los grupos criminales no tienen como objetivo el control de la mujer que hace vida en las minas, sino el negocio de la minería ilegal y el narcotráfico en sí mismo.

Pero, en medio de esta sed y ambición por obtener riquezas a través de la extracción de minerales de forma desproporcionada, subyacen las satisfacciones de las necesidades básicas de los trabajadores de las minas: comida, aseo y placer sexual. De allí que haya decenas de mujeres trabajando como cocineras, lavanderas y prostitutas.

Moya advirtió que no se trata de trabajar en restaurantes o en sitios para lavandería, estas mujeres son explotadas y expuestas a condiciones infrahumanas de trabajo y subsistencia, ya que en las minas no hay agua potable o electricidad. Los pozos de agua  están contaminados con cianuro y mercurio, y también abunda la malaria.

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Solo el hecho de trabajar como cocinera en un campamento minero significa preparar alimentos en condiciones deplorables para cientos de personas. Los campamentos no son construcciones estructuradas sino la disposición contigua de barracas hechas con base de palos y techos de plástico.

Las que logran ingresar como cocineras a los complejos empresariales extractivistas tienen mejores condiciones a nivel de infraestructura; sin embargo, son víctimas de explotación dada la carga horaria a dedicación y riesgos a las que son expuestas, pues las jornadas de extracción duran en promedio más de 12 horas diarias y no están exentas de los peligros y riesgo que comportan esta actividad. El trabajo de las cocineras consiste en preparar las comidas para los mineros. Su jornada comienza desde las 5:00 a. m. para tener el desayuno de la compañía antes de que estos empiecen su faena, igual con el almuerzo y posteriormente la cena.

Mutilaciones, enfermedades sexuales y muerte

Los grupos armados controlan entre 30 y 50% del territorio. Las minas son un caldo de cultivo de conflictos violentos, masacres, asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y persecuciones. Se han registrado casos de mutilaciones y la violencia está a la orden del día, de la mano de la impunidad reinante.

En este escenario, mujeres y niñas son vistas como mercancía y usadas para sellar transacciones a cambio de oro. Además, son castigadas quienes se nieguen a tener relaciones sexuales, quienes sean portadoras de enfermedades de transmisión sexual (pueden ser descuartizadas) y hasta por "hablar de más".

Moya explicó que quienes ejercen la prostitución sostienen relaciones sexuales en "currutelas", espacios hechos con palos y bolsas plásticas.  “En los actos sexuales no están permitidos los condones, pero si se contagian de alguna enfermedad las mujeres son castigadas” o, en el mejor de los casos, expulsadas del pueblo.

Las mujeres no pueden ejercer la prostitución si no cuentan con carnet de sanidad: la “Tarjeta Rosada”. Los miércoles de cada semana van a revisión si tienes enfermedad venérea te sacan o te pueden matar. Algunas mujeres con VIH fueron descuartizadas.

Son torturadas por no cumplir las leyes de los grupos armados: obligadas a caminar por el pueblo desnudas y llevando carteles sobre sus cuerpos.

El informe se basa en testimonios, entrevistas y monitoreos de Organizaciones No Gubernamentales. Mayerlin Vergara, defensora de los derechos de la niñez en la Fundación Renacer, expresó que escucha “a las niñas decir que no quieren vivir, que no quieren abrir sus ojitos en la mañana porque ya no tiene sentido la vida, verlas intentar suicidarse, tener estrés postraumático y cuadros depresivos profundos”, luego de vivir experiencias de violación sexual y otras vulneraciones a los DDHH.

Testimonios de mujeres que hacen vida en las minas develan que algunas de ellas van a trabajar en la extracción. Desempeñan funciones asociadas al manejo de las machinas utilizadas para subir y bajar personas que se meten en los hoyos para el saloneo o para sacar los sacos con el material extraído; el peso de los sacos son unos 45 kg, y el peso de las personas que va entre los 60 y 80 kg. Otras trabajan como topos en la excavación de túneles para la búsqueda de vetas de oro.

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Confiesan que la mayoría llega recomendada por "amigas" o porque escuchan que en las minas pueden tener alimentación, dinero y hasta cirugías plásticas. Otras que van por su propia decisión, se percatan de que a llegar no pueden salir porque terminan siendo controladas por proxenetas. Estos hombres están vinculados a los grupos armados que ejercen el terror en la zona y corren el riesgo de ser mutiladas.

El descuartizar los cuerpos ha servido como método de amedrentamiento colectivo y ejemplarizante para quienes hacen vida en las minas. Es a través del descuartizamiento que se mantiene el orden. Feminicidios, mutilaciones y desapariciones no son reportados normalmente a las autoridades locales por miedo de represalias a las familias o hijos de las mujeres violentadas.

¿Quién detiene el horror?

Siendo el Estado el único al que puede atribuírsele la violación de DDHH, Moya y Borges advirtieron que su responsabilidad podría calificarse de “absoluta” sobre lo que ocurre en el estado Bolívar, debido a que fue el Estado decretó la creación e inicio de la explotación del Arco Minero del Orinoco y bajo su mirada y complicidad, en él coexisten grupos criminales nacionales e internacionales.

“Las autoridades deberían tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras. También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”.



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