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Nuevo informe de Amnistía Internacional ratifica que en 2020 hubo «ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas» en Venezuela

El informe de Amnistía Internacional expone que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela reinciden en relación al 2019

Sebin elcooperante

Caracas. Amnistía Internacional denunció en su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que en 2020 recibieron de Venezuela noticias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por cuerpos de seguridad.

Lea también: «Un tercio de los supervivientes de la COVID-19 sufren trastornos neurológicos, según un estudio»

En la sección sobre Venezuela, en la página 455, la organización asegura que continuaron recibiendo informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Bolivariana /PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Además señala que al menos 2000 personas murieron en el país debido a operaciones de seguridad desarrolladas entre el 1º de enero y septiembre.

Detenciones arbitrarias

El informe asegura que las detenciones arbitrarias siguieron formando parte de la «política de represión contra la disidencia», citando al Foro Penal Venezolano, que contabilizó hasta octubre 413 «detenciones arbitrarias por motivos políticos».

«Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero. Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para contener la pandemia».

También recordaron que Nicolás Maduro indultó el 31 de agosto a 110 personas que habían sido criminalizadas, entre ellas los diputados Renzo Prieto, Gilber Caro y la contadora Maury Carrero, pero durante el resto del año se efectuaron nuevas detenciones arbitrarias, como es el caso de Roland Carreño, periodista y miembro del partido Voluntad Popular.

«Tortura y otros malos tratos»

Según lo expuesto en el documento, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos como: palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual.

La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela dijo sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM.

«Uso excesivo de la fuerza»

«El uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía, el ejército y los grupos armados contra manifestantes seguía siendo generalizado. Las autoridades no tomaron medidas significativas para impedirlo».

«Impunidad»

Entre los aspectos relacionados a la impunidad, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó en julio un informe sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia en el que se dijo que las víctimas de violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a obstáculos estructurales, principalmente por la ausencia de independencia judicial.

«En septiembre, el Ministerio Público anunció que 565 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían sido acusados de violaciones de derechos humanos cometidas desde agosto de 2017».

«Juicios injustos»

Para Amnistía Internacional, «seguían utilizándose juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas» al Gobierno de Maduro, empleándose a la jurisdicción militar «para procesar a civiles o personal militar retirado».

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«La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló importantes deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio Público, e hizo hincapié en los casos de falta de independencia y de injerencia de otras autoridades públicas».

«Libertad de expresión»

La organización de la sociedad civil Espacio Público, documentó entre enero y agosto más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluyendo actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, incrementándose los ataques a partir de que se declaró el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19.

Además hicieron referencia a los asesinatos de Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres el 21 de agosto, por la que se abrió una investigación que terminó con una orden de detención contra seis agentes de las FAES.

También fue detenido durante 12 días, Darvinson Rojas, mientras que Luis Carlos Díaz «siguió sometido a graves restricciones e investigación penal».

Otros aspectos que se documentaron

El informe también detalló lo que ocurrió el año pasado en cuanto al escrutinio internacional, la represión a la disidencia, la libertad de reunión, lo ocurrido con defensores y defensoras de derechos humanos, la emergencia humanitaria, los derechos a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, derechos de las mujeres, a la alimentación, a la salud, al agua, así como las condiciones de reclusión y los derechos de los pueblos indígenas.



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