Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 649 protestas en julio

Caracas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) divulgó este miércoles su informe mensual en el que registró 649 protestas en julio de 2020, equivalente a un promedio de 22 diarias. Esta cifra representa un aumento de 4% en comparación con el mismo período del año pasado.

Lea también: "García Carneiro dio positivo a la COVID-19"

Entre los hechos más destacados resalta el asesinato de dos manifestantes por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) debido a las irregularidades en estaciones de servicio para surtir gasolina.

Además se contabilizó un aumento de detenciones arbitrarias, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia personas que incumplen los horarios del decreto de cuarentena.

Se registró una mayor cantidad de protestas para exigir gas doméstico. Hubo contantes fallas eléctricas que causaron afectación del servicio de Internet y telefonía, operaciones comerciales y servicios generales.

El sector transporte efectuó paros, reclamos y denuncias para exigir el aumento del pasaje y la circulación de dinero en efectivo. Los productores del sector agropecuario denunciaron la pérdida de sus productos ante la imposibilidad de trasladarlos por la falta de combustible.

Diversos gremios exigieron la dolarización del salario, resignificación del empleo y respeto a las contrataciones colectivas. Los trabajadores del sector salud exigieron salarios dignos, insumos y equipos de bioseguridad para garantizar su integridad y la de sus pacientes.

Por otra parte denuncian ser víctimas de criminalización y amedrentamiento por quejarse de la situación o faltar a sus puestos de trabajo por falta de combustible.

Personas retornadas protestaron para denunciar malas condiciones en la infraestructura, alimentación y servicios médicos en los Puntos de Atención Social Integral (PASI), en hoteles y otros espacios físicos donde han sido confinados.

Vecinos protestaron en contra del uso de hoteles, escuelas y locales ubicados en zonas cercanas a sus residencias como centros sanitarios para atender y recluir a personas positivas de COVID-19.

Jubilados y pensionados se movilizaron para exigir pensiones dignas y suficientes, mientras denuncian dificultades para retirar el dinero en entidades bancarias y ser objeto de maltrato y vejaciones. Los privados de libertad rechazaron las precarias condiciones de reclusión en las que se encuentran y los retrasos procesales.

Por último, en el estado Miranda, familias y comerciantes rechazaron el decreto de ventas controladas por el terminal de número de cédula.