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ONG consideró "insuficiente" respuesta de la CEV sobre casos de pederastia
La Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Venezuela (Redhnna) señaló que es necesario que se establezca la máxima cooperación con las autoridades competentes para esclarecer las responsabilidades penales en casos de abuso
Caracas/Foto: Cortesía.- La Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Venezuela (Redhnna) consideró "insuficiente" la respuesta de la Conferencia Episcopal de Venezolana (CEV) sobre casos de abuso sexual contra menores de edad en la Iglesia católica.
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En un comunicado publicado en su portal web este viernes, la ONG señaló que es necesario que se establezca la máxima cooperación con las autoridades competentes para esclarecer las responsabilidades penales en casos que “luego son silenciados por la jerarquía y estructura eclesial y en los que el sistema de justicia venezolano no actúa con la celeridad y contundencia requerida”.
“La sociedad venezolana demanda de sus instituciones públicas y religiosas respuestas claras que demuestren verdadera compasión a víctimas y sobrevivientes de abuso, el respeto por sus derechos humanos, así como un real propósito de enmienda traducido en acciones decisivas, difundidas ampliamente e implementadas con efectividad, que hagan posible la prevención de daños futuros”.
Redhnna también afirmó que “es un imperativo legal y ético la no tolerancia del abuso sexual contra las niñas, los niños y adolescentes, por lo que es inaceptable que la sociedad y el Estado callen y permanezcan pasivos ante este atropello brutal a la dignidad de personas indefensas y muy vulnerables”.
Asimismo, resaltó que la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y la Lopnna establecen la obligación del Estado y de la sociedad de proteger a la niñez y adolescencia de todas las formas de violencia. En este sentido, exigió que se garantice la “protección inmediata e integral de las víctimas, asegurando que tengan oportunidades de acceso a servicios y programas de salud y toda la protección que requieren”.
“Esta protección implica luchar contra la impunidad, garantizando justicia y la imposición de las sanciones penales que correspondan a los responsables. No es admisible que las víctimas y familiares observen privilegios y deban aceptar que hay criminales que parecieran poder dañar impunemente y que a las personas violentadas sólo les quede someterse y aceptar esa situación, aunque sea muy injusta y lesiva”.
También consideraron que la publicación del informe es una oportunidad para la Iglesia católica para que manifieste públicamente su rechaza a este tipo de situaciones que “afectan la dignidad del ser humano, violan las leyes nacionales, tratados internacionales, específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño y vulneran los principios morales sobre los que se sustenta la Doctrina Cristiana”.
“El Estado venezolano tiene una responsabilidad ineludible de aplicar la ley sin atenuantes contra quienes han cometido abusos, por lo que es inadmisible que se ofrezcan medidas laxas o se propongan mecanismos que disminuyen penas, a través de los cuales se deja en libertad a sacerdotes condenados por abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, flexibilizando la norma jurídica nacional a favor de individuos que parecieran considerar su investidura como una vía para gozar de privilegios y no la gran responsabilidad que representa ante comunidades que les ven como líderes, guías y orientadores. Con ese comportamiento, el Estado deja en indefensión y desprotección a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de esos abusos, convirtiendo en víctimas potenciales a otros grupos que puedan estar en contacto con sacerdotes ya condenados”.
Finalmente, la ONG exigió a los órganos administrativos y judiciales de protección a la infancia, para que hagan causa común con la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia venezolana; que se apliquen las leyes nacionales, que los procedimientos sean atendidos con prioridad, celeridad y eficiencia que se proteja a las víctimas y a sus familiares y que se establezcan las condenas adecuadas para los agresores.
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