ONU denuncia que colaboradores fueron víctimas de intimidación en 42 países

Caracas/Foto: Archivo.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este jueves que varias personas fueron víctimas de represalias e intimidación por prestar su colaboración en materia de derechos humanos en 42 países. 

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El informe anual del secretario general de la ONU detalla cómo las personas —principalmente víctimas de violaciones de derechos humanos, defensores y periodistas— sufrieron represalias e intimidación por parte de actores estatales y no estatales. 

“Todos los casos destacados en el informe ocurrieron entre el 1 de mayo de 2021  y 30 de abril de 2022 e involucraron a personas y grupos que cooperaron con los mecanismos de derechos humanos de la ONU o utilizaron los procedimientos de la ONU para compartir información, testimonios y buscar reparación por abusos y violaciones de los derechos humanos”, reza el documento publicado en el portal web. 

Según la ONU, en un tercio de los países mencionados en el informe, las personas y los grupos se abstuvieron de cooperar o solo accedieron a denunciar sus casos de forma anónima por temor a la represión. 

“A pesar de los avances positivos, incluidas las promesas y los compromisos compartidos de los Estados miembros contra las represalias, este informe muestra una vez más hasta qué punto se persigue a las personas por plantear problemas de derechos humanos ante la ONU. Y sabemos que, por impactante que sea este número, muchos casos de represalias ni siquiera se denuncian”, dijo la secretaria general adjunta de DD. HH., Ilze Brands Kehris. 

Entre los Estados mencionados en el informe se encuentran: Afganistán, Andorra, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Burundi, Camerún, China, Cuba, Chipre, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Israel, Kazajstán, Laos, Libia, Maldivas, Malí, México, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Filipinas, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Estado de Palestina, Tailandia, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Vietnam y Yemen.

Además, la organización señaló que la vigilancia de colaboradores continuó siendo reportada en todas las regiones e indicó que el cambio digital acelerado por la pandemia de la COVID-19 también aumentó los “desafíos relacionados con la seguridad cibernética, la privacidad y el acceso a los espacios en línea”.  

“Otra tendencia mundial preocupante es el uso y el impacto de una legislación restrictiva que impide y sanciona la cooperación con la ONU, lo que resulta en algunos casos de personas condenadas a largas penas de prisión o bajo arresto domiciliario. Se informaron de denuncias recurrentes y similares de intimidación en varios países, lo que podría indicar un patrón”. 

El informe muestra que la intimidación y las represalias afectan de “manera desproporcionada” a ciertas poblaciones y grupos, incluidos los representantes de los pueblos indígenas, las minorías o quienes trabajan en temas ambientales y de cambio climático, así como a las personas que pueden sufrir discriminación por motivos de edad, sexo, orientación y género. 

“Los riesgos que afectan a las mujeres víctimas, así como a las defensoras de los derechos humanos y constructoras de paz, que comparten testimonios y cooperan con la ONU, siguen siendo abrumadores. Continuaremos trabajando para garantizar que todos puedan comprometerse de manera segura con la ONU”, concluyó Brands Kehris.