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ONU dice que jueces y fiscales están vinculados con violaciones de DD. HH. en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de la ONU asegura que hay jueces que mantuvieron detenciones y cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos

Foto: Reuters

Caracas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo este jueves que existe una profunda erosión de la independencia judicial en Venezuela, y que jueces y fiscales están directamente relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

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La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla en su segundo informe "cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014″.

Marta Valiñas, presidenta de la misión aseguró que "en medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales".

Según Valiñas, existen "motivos razonables" para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y los fiscales han desempeñado mediante sus actos y omisiones, "un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela".

Para llegar a esa conclusión, la Misión efectuó "177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos".

También hicieron un análisis de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, para determinar que hubo 183 detenciones irregulares de opositores "reales o percibidos del gobierno" entre 2014 y agosto de 2021.

El informe advierte que la justicia venezolana ordenó la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional, además de mantener la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona: "dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo".

Asimismo, mecionan dos casos emblemáticos: el del consejal Fernando Albán, "que murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en 2015" y el del militar Rafael Acosta Arévalo, que "se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido torturado en 2018".

La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, con el objetivo de investigar sobre las violaciones de los derechos humanos contra opositores en el país.

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