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Organizaciones civiles rechazan expulsión de funcionarios de la ONU de Venezuela

Las organizaciones aseveran que la medida del Gobierno constituye una “grave decisión” y un paso adicional del Estado venezolano de “desproteger” a las víctimas de violaciones de derechos humanos

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Caracas/Foto: Provea.- 198 organizaciones sociales y de derechos humanos rechazaron este lunes el cese temporal de las funciones técnicas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la expulsión de los funcionarios de Venezuela.

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En un comunicado, publicado por el Foro Penal, se detalla que la oficina tuvo desde el 2019 un “papel destacado” en la presentación de informes “documentados, objetivos, exhaustivos y contundentes” acerca de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. 

Ante esto, aseveran que la medida del Gobierno constituye una “grave decisión” y un paso adicional del Estado venezolano de “desproteger” a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a la sociedad civil.

“El cese temporal y expulsión de oficiales de la OACNUDH de Venezuela es un nuevo incumplimiento de las obligaciones y acuerdos del Estado venezolano con la comunidad internacional, ahora con la ONU y los órganos de protección universal, evidenciando que no existe voluntad de cumplimiento en materia de respeto a los derechos humanos, garantías de protección, justicia, libertades y democracia”, suscribe el texto. 

Puntualizan que el trabajo de la Misión independiente de investigación y Determinación de Hechos y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, cumplen un papel imperante en Venezuela.

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“Confiscación” de las libertades civiles

Las organizaciones advierten sobre una posible agudización del problema migratorio por razones “políticas”, así como la judicialización de “amplios sectores de sociedad venezolana, la aplicación de leyes que inhabilitan la acción independiente de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el país y la región”. 

Por ello, piden a la comunidad internacional, al alto comisionado, Volker Turk, al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y a las instancias internacionales a no cesar su compromiso para proteger la vida y seguridad de la población. 

Expulsión

La expulsión de la oficina se da dos días después de que la Oacnudh se pronunciara tras la detención de la activista Rocío San Miguel en Caracas. Además de una rueda de prensa del relator sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, quien presentó “hallazgos de suma gravedad” sobre la persistencia de las “privaciones de acceso a este derecho en el país”.

El 15 de febrero, el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la  ONU en Caracas, por considerar que han “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo. 

Además, el Gobierno señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados con esta organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina. 

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En un comunicado leído ante periodistas, el canciller Yván Gil señaló que Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”. 

Pese a ello, la administración de Nicolás Maduro reiteró su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.

Trabajo de la Oacnudh en Venezuela

La oficina de la ONU acordó junto con el Estado venezolano la instalación de una oficina técnica en Venezuela para implementar las recomendaciones emitidas por los organismos de DD. HH. de la ONU; para apoyar a la sociedad civil; asesoría técnica y formación para las instituciones del Estado y la evaluación continua “y de manera creíble” de la situación de los derechos humanos en la nación.



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