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Ortega Díaz, de férrea defensora del chavismo a la "mujer maravilla" que tiene loco a Nicolás

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Caracas, 7 de julio.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha cumplido una década llevando la jefatura del Ministerio Público. Su trayectoria en la institución habría estado apalancada con las decisiones del Poder Ejecutivo, desde el mandato del fallecido Hugo Chávez. Sin embargo, en los últimos meses ha tomado decisiones que han marcado un distanciamiento con Nicolás Maduro.

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido el órgano encargado de limitar las funciones que cumple la Fiscal General, lo que ha conducido a un conflicto de poderes. El martes 27 de junio de 2017, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 469. Este recurso amplía las facultades del Defensor del Pueblo para intervenir en las investigaciones penales, competencia exclusiva del Ministerio Público. Además se emitió la sentencia 470 que anula la designación del Vicefiscal que hizo Ortega Díaz, medida que debe ser ratificada por la Asamblea Nacional (AN); pero afianzándose en la tesis de desacato del Parlamento, el TSJ anunció que asumiría dicho nombramiento, publicó Quinto Día. 

En menos de 24 horas, la jefa del Ministerio Público se dirigió al país y llamó a desconocer ambas sentencias, ya que ponen en tela de juicio sus atribuciones. Asimismo pidió a los venezolanos acogerse al artículo 333 de la Constitución nacional. La cruzada legal de Luisa Ortega Díaz comenzó el 26 de febrero del 2014, cuando dictó privativa de libertad para cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín), por su presunta vinculación con la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya, ocurridas el 12 de febrero de ese mismo año.

Foto: EFE

En declaraciones a la prensa en el año 2016, la Fiscal General cuestionó la resolución 008610 emitida desde el Ministerio de la Defensa, donde se autoriza el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones. En esa oportunidad declaró que “rectificar es de sabios. No veo ningún problema en que se le hagan correcciones”. Sin embargo, el ministro Vladimir Padrino López, destacó que el objetivo principal de esa resolución “no era el uso de las armas, sino el uso proporcionado de la fuerza”.

En otros acontecimientos, Ortega Díaz también se pronunció ante la denominada “Masacre de Tumeremo”, el 14 de marzo del 2016. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, la fiscal anunció al país el hallazgo de 14 cadáveres en una fosa común. Durante esa alocución desmintió las declaraciones del gobernador Francisco Rangel Gómez, sobre la desaparición de los mineros. Precisó que ya tenía tres órdenes de captura por este suceso, además de informar sobre la detención de Rosa Gil Salazar, presunta implicada en lo ocurrido.

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Además, no descartó la participación de efectivos militares en el hecho y afirmó que “no puede ser que haya un ‘pranato’, un Estado dentro del Estado; pero esos son temas que no corresponden al Ministerio Público”. Ortega Díaz refutó las declaraciones ofrecidas por el gobernador de Bolívar, quien había negado la coartada de la institución. Señaló que se había apresurado en declarar y que su afirmación “no era parte de la investigación penal”.

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Posteriormente el Ministerio Público se pronunció ante las irregularidades cometidas por la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), solicitando investigar “la participación de civiles en calidad de funcionarios activos en los procedimientos de dicha organización”. Ortega Díaz reiteró su preocupación por la cantidad de denuncias recibidas ante la institución, por violación de Derechos Humanos en los operativos realizados por la OLP desde el 13 de julio de 2015. Es por ellos que pidió analizar los procedimientos utilizados por este ente de seguridad, que a su juicio, “en lugar de promover la paz, exacerban aún más la violencia”.

Foto: EFE

La Fiscal General consolidó su distanciamiento con el gobierno de Nicolás Maduro a finales del mes de marzo del 2017, cuando objetó públicamente dos sentencias del Tribunal Supremo en las que asumía las competencias de la Asamblea Nacional y limitaba la inmunidad parlamentaria. Ortega Díaz denunció una “ruptura del orden constitucional” y se pronunció ante esta decisión: “No tienen las facultades para disolver al parlamento elegido por votación popular”.

Posteriormente, Ortega Díaz introdujo un recurso para desincorporar a 33 magistrados del TSJ, medida que fue rechazada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, cuyo nombramiento fue aprobado por la asamblea anterior, dominada por el oficialismo en diciembre de 2015. Sin embargo la Fiscal indicó que se interpuso para “tratar de restaurar la estabilidad del país”.

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El 3 de mayo de 2017, la Fiscal manifestó su rechazo a la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los manifestantes. Explicó que “es hora de mantener conversaciones y negociar. Significa que uno tiene que ceder en las decisiones por el bien del país. No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”.

Días después se pronunció ante la convocatoria Constituyente, propuesta por el presidente Nicolás Maduro, y en carta dirigida a Elías Jaua se disculpa por no participar en las reuniones de la Comisión Presidencial para la Constituyente, ya que esta medida en vez de generar un clima de paz para el territorio, posiblemente “aceleraría la crisis del país”.

 

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