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Ortega Díaz pidió a México aclarar acuerdo reparatorio sobre casos de corrupción con el CLAP

El Cooperante | 5 noviembre, 2018

Caracas.- La fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, solicitó a la Procuraduría General de México que informe a los venezolanos, como víctimas de la trama de corrupción en el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuáles fueron los términos a los que llegaron durante el acuerdo reparatorio que realizaron con diversas personas físicas y morales involucradas en la investigación.

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“La Procuraduría General de México dejó clara la existencia de un complot con los funcionarios venezolanos. Por esta razón, y considerando que todos los venezolanos somos víctimas de esa trama de corrupción, le solicitamos formalmente se nos informe los términos del acuerdo señalado”, se lee en las imágenes del texto compartido por Ortega Díaz en su cuenta en Twitter.

El pasado 18 de octubre, la Procuraduría de México informó que desmanteló una red empresas, tanto mexicanas como extranjeras, y personas físicas que vendían al Gobierno de Nicolás Maduro alimentos de baja calidad y con sobreprecio para ser ofrecidos a los venezolanos a través del CLAP, con un 112% más caro del costo real.

Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada en México, dijo en rueda de prensa que las empresas obtuvieron recursos desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a los venezolanos.


El funcionario mencionó a empresarios llamados Alex N, Álvaro N, Enmanuel N, Andrés N, y Santiago N,quienes con el propósito de obtener productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano, acuden a diversos países para contactar a otras empresas.

Lira Salas indicó que diversas empresas y particulares involucrados en la trama de corrupción deberán entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas la cantidad de 3 millones de dólares para atender la crisis migratoria de los venezolanos y se comprometieron a no efectuar ningún acuerdo comercial con el Gobierno de Maduro o terceros relacionados con el envío y la comercialización de alimentos y medicinas del país, con motivo del programa CLAP.

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