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Óscar Murillo acudió a la sede del Cicpc en Caracas para atender citación

Murillo afirmó que existe un "efecto intimidatorio" hacia la organización, que cuenta con 36 años de historia, y denunció un "ataque progresivo" contra la sociedad civil venezolana

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Caracas / Foto: @_Provea.- Óscar Murillo, coordinador general de Provea, se presentó este miércoles en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para cumplir con una citación relacionada con un presunto delito de acuerdo con la Ley contra el Odio.

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En un encuentro con los medios, Murillo afirmó que existe un "efecto intimidatorio" hacia la organización, que cuenta con 36 años de historia, y denunció un "ataque progresivo" contra la sociedad civil venezolana.

Además, exigió el cese de la "persecución", subrayando que las organizaciones de derechos humanos "no están disputándole el poder político a nadie, sino que se dedica a acompañar a las víctimas y defender los derechos humanos". Aseguró que Provea también cuenta con una serie de recomendaciones en políticas públicas que el Gobierno podría considerar.

Murillo señaló que la "falta de garantías judiciales en el país es evidente" y expresó su agradecimiento por el respaldo de otras organizaciones y medios de comunicación. Enfatizó que Provea es una organización con una trayectoria clara que "no puede ser borrada".

Comentó que esta citación podría haberse manejado de manera diferente: "Si se desea hablar con una ONG sobre un caso específico, no es necesario enviar una citación; se puede hacer una invitación y podemos dialogar", indicó.

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Asimismo, añadió que han cumplido su labor como organización de derechos humanos que "respeta las leyes y tiene deuda con el Estado de derecho y las garantías judiciales en este país."

Precisó que han acudido para conocer las razones de su citación, pues, a su juicio, se trata de una situación con "muchas irregularidades".

Director de Provea agradece apoyo tras citación del Cicpc

En un mensaje dirigido a sus seguidores el martes, Murillo agradeció el apoyo recibido y destacó que este respaldo es un reconocimiento al esfuerzo continuo de Provea, que ha estado operando durante 36 años.

El periodista señaló que se siente privilegiado de representar a la organización, la cual ha desempeñado una labor “ininterrumpida” de acompañamiento a las “víctimas”, de documentación, investigación y difusión sobre “violaciones” a los derechos humanos en el país.

“Firmeza y compromiso histórico ante esta citación del Cicpc de la que fui notificado en mi condición de coordinador general de Provea. Agradezco todas las expresiones de apoyo que son, a su vez, el reconocimiento al trabajo sostenido de Provea durante 36 años”, publicó.

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Destacó que aunque las circunstancias “agotan”, la labor de los defensores de los DD. HH. en la nación arroja “luz y esperanza” para hacer justicia en los casos que procesan. “Seguiremos adelante, enfocados y serenos, contribuyendo en la construcción de una sociedad libre, inclusiva y democrática. La que todos merecemos”.

La citación

El Cicpc llamó el domingo a comparecer a Murillo ante la sede del organismo en la avenida Urdaneta de Caracas.

La organización no gubernamental indicó en un comunicado que Murillo fue citado debido a una investigación llevada a cabo por la delegación municipal del Cicpc de San Cristóbal, estado Táchira, por la presunta comisión de un delito contemplado en la Ley contra el odio.

En este sentido, la ONG indicó que "la boleta de citación no aclara el origen y fundamento de la supuesta investigación, ni la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer el también profesor universitario Óscar Murillo".

Recordaron que el pasado 30 de octubre, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo en su programa semanal de televisión que quienes denunciaron la muerte del opositor Edwin Santos serían citados por los organismos de seguridad.

La organización alertó en un video publicado en la red social X sobre la desaparición del activista de Voluntad Popular (VP). En el audiovisual aparecían el sacerdote jesuita, Gerardo Rosales, y su esposa Loliveth Álvarez, quienes dijeron no conocer el paradero del político.



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