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Pacientes psiquiátricos en Maracaibo están "a la deriva" por medida de desalojo

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Caracas, 23 de febrero.- Familiares de pacientes de la Unidad Psiquiátrica de Occidente denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que la institución desalojará a 48 personas con trastornos mentales, quienes dependen del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS).

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El ente no les ha pagado el subsidio correspondiente y para que sus familiares puedan seguir disfrutando los servicios deben pagar entre 12 y 14 millones de bolívares mensuales, reseñó La Verdad.

Los familiares responsabilizan a los directivos de la UPSO, ya que a pesar de estar subsidiados por el Seguro Social, no los albergan en la institución mental “de gratis”. Comentaron que en un principio solo tenían 10 días para llevarse a los pacientes y luego les informaron que el plazo máximo seria de dos meses.

“Todas las semanas piden colaboraciones y siempre respondemos. Piden arroz, harina, pasta, carne, cualquier tipo de alimentos. Aparte, las medicinas que los pacientes necesitan también las traemos los familiares, los artículos de higiene personal, todo lo traemos nosotros”, afirmó Carla Peña, hija de una interna de 70 años, que sufre de riesgo suicida y bipolaridad. Familiares comentaron que, no les permiten observar los cuartos, zonas comunes o alguna otra parte interna de las instalaciones donde están albergados sus seres queridos.

A pesar de tener la modalidad de públicos y privados, todos los internos del centro de salud mental son tratados de la misma manera y no hay “preferencias” por quien pague más o menos. Los pacientes “privados” pagaban una mensualidad de un millón 300 mil bolívares y ahora pasarán a pagar hasta 14 millones. Las denunciantes aseguran que no hay condiciones que garanticen que mejorarán los cuidados de los enfermos para justificar el aumento.

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También afirman que el recinto es prácticamente un albergue, los internos no mejoran, no les hacen terapias o tratamientos, tampoco gozan de espacios de recreación y entretenimiento. A pesar de la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, la única respuesta que recibieron es que los internos serían trasladados a las granjas psiquiátricas de la región, que actualmente se encuentran en situaciones más precarias que las instituciones privadas.



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