El Parlamento
Parlamento responsabiliza a Nicolás Maduro del cierre de Directv
Directv se vio obligada a cerrar sus operaciones "porque el régimen prefirió proteger a los corruptos", dijo la diputada Amelia Belisario
Caracas. La Asamblea Nacional celebró este martes una sesión ordinaria virtual en la que rechazaron la violación a la libertad de expresión, responsabilizando a la Administración de Nicolás Maduro por la salida de Directv del país.
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"Recursos que pudieron invertirse en salud y educación se fueron a los bolsillos de unos pocos, vinculados al régimen. La compañía Directv se vio obligada a cerrar sus operaciones porque el régimen prefirió proteger a los corruptos", comentó la diputada Amelia Belisario tras abrir el debate.
Belisario aseguró que la Administración de Nicolás Maduro es responsable de que "más de seis millones de venezolanos se quedaran sin la principal fuente de recreación", en medio de la pandemia por la COVID-19. En ese sentido, enfatizó la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional.
Por su parte, el parlamentario, Antonio José Román, precisó que -a su juicio- el Ejecutivo dejó sin trabajo a más de 600 personas que no podrán "llevar el alimento a sus hogares". A su vez agregó la necesidad del gobierno de emergencia nacional "para poder solucionar los problemas que tenemos".
"Hay que observar con preocupación la magnitud de la maldad de esta decisión, prefirieron que saliera Directv en medio de esta pandemia del la COVID-19, una población ya sacrificada al no contar con los servicios básicos", acotó.
El pasado 19 de mayo, la compañía AT&T anunció el cierre de sus operaciones comerciales de Directv Latinoamérica con efecto inmediato debido a que las sanciones del Gobierno de Estados Unidos han prohibido la transmisión de los canales Globovisión y Pdvsa, los cuales son obligatorios bajo la licencia de Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela.
El Ejecutivo ha respondido a través de su Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ordenando «continuar de manera inmediata con la prestación de servicio de televisión por suscripción», además de instruir a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a «tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción gestionado por dicha empresa, para ello Conatel contará con el auxilio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana«.
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