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¿Pasará los exámenes? Por estas razones el Estado venezolano será evaluado ante la ONU

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El Cooperante.- Junio será movido para el Estado venezolano. Para los días 2 y 3 se tiene previsto que rindan examen ante la Organización de Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), un examen periódico a cargo de un Comité de expertos independientes, creado para monitorear y contribuir a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales respecto de los cuales los Estados parte se comprometen con la obligación de garantizar frente a la comunidad internacional.

Este martes es la primera evaluación, será ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instancia que ha recibido denuncias de sindicatos en relación con la persecución a los representantes de los trabajadores y su encarcelamiento o la negativa del Gobierno a discutir contratos colectivos, informó la Unión Nacional de Trabajadores (Unete). Además el Estado venezolano deberá responder a los señalamientos sobre discriminación a los colectivos como los gay, lesbianas y transgéneros; y por la falta de indicadores en materia social.

Los días martes y miércoles un Comité de expertos independientes que evaluarán el grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de Venezuela, en este proceso los funcionarios deberán responder a los señalamientos realizados por organizaciones no gubernamentales como el Programa Venezolano de Eduación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, Venezuela Diversa, Asamblea de Educación, entre otras, en relación a cómo la escasez de alimentos y medicinas que sufre el país; y la tasa de inflación, la más elevada de la región en 2014, han afectado a la lucha contra la pobreza en el país.

Por último, para las fechas 30 y 31 de junio las autoridades deberán comparecer ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos para hacer frente a las denuncias sobre la falta de independencia del Poder Judicial, la criminalización de la protesta, la situación carcelaria, la tendencia a criminalizar las labores de control de manifestaciones y por supuesto por los abusos y excesos cometidos por policías y militares durante las protestas que sacudieron al país en 2014. Es preciso destacar que en esta última evaluación los funcionarios no sólo recibirán del Comité una lista de observaciones y recomendaciones, sino también un lapso de tiempo en el que deberán adoptarlas.

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