PCV acusa a Maduro de "sistemática agresión" al estado de derecho tras proceso electoral en Barinas

Caracas.- El Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela en Barinas expresó este martes su rechazo e hizo una serie de acusaciones en lo referente al proceso electoral en ese estado, que terminó en la intervención del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó, primero, suspender la adjudicación de la Gobernación de Barinas y, después, repetir los comicios en enero de 2022.

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Al respecto el PCV consideró que “el proceso electoral en el estado Barinas, constituye la mayor estafa política contra el pueblo, sin precedentes en la historia contemporánea de nuestra entidad, ejecutada de manera vil por el gobierno y sectores de la derecha que forman parte del nuevo pacto de élites”.

Señaló al gobierno nacional como el principal culpable de lo que consideran fue una estafa

“El gobierno no tuvo otra opción que mandar a repetir los comicios a través de sentencia ordenada al Tribunal Supremo de Justicia”, se lee en un comunicado.

De igual manera, el PCV consideró que la renuncia de Argenis Chávez, candidato del PSUV, y quien se desempeñaba como gobernador Barinas, obedece a una táctica.

“La renuncia a la gobernación del ciudadano Argenis Chávez, busca darle un poco de legitimidad a esta burla electoral. Lo más sensato que puede hacer este ciudadano, es renunciar a toda posibilidad de ser candidato nuevamente para las elecciones del 9 de enero de 2022”, indica el comunicado.

Por otra parte, el PCV arremetió contra Freddy Superlano, a quien calificó como “un oscuro personaje de la derecha”. Y criticó que 14 candidatos de ese partido hayan sido inhabilitados, mientras se permitió la participación de Superlano quien, según lo destacó el TSJ está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El PCV agregó que el proceso electoral de Barinas arrojó un conjunto de hipótesis que le permiten concluir lo siguiente:

"1) Se comprobó la falta de independencia de poderes del Estado venezolano como una verdad objetiva y una certera agresión a la democracia por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En el pacto de México se impusieron criterios políticos por encima del bloque de legalidad constitucional, y las instituciones que conforman los poderes del Estado acataron de forma sumisa y complaciente estas decisiones mientras los resultados electorales le fueran mayormente beneficiosos al gobierno.

El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, se constituyen de hecho en instrumentos al servicio del ventajismo electoral en favor de la opción gubernamental, quitando de su camino a todo aquel candidato o candidata considerados como amenaza a esos objetivos, encausando decisiones políticas consensuadas en el pacto de élites, a las cuales les daban apariencia de legalidad.

El CNE ejecutó de manera ilegal y extemporánea la inhabilitación de catorce  candidaturas del Partido Comunista de Venezuela y la Alternativa Popular Revolucionaria, pero habilitó de hecho a candidatos de sectores de la derecha que estaban inhabilitados desde el año 2017, por estar incursos en delitos muy graves de corrupción, traición a la patria entre otros. Entre ellos, un oscuro personaje como Freddy Superlano, hoy sacado del juego al comprobarse que los resultados electorales no le favorecían al gobierno, tal como fue pactado.

2) Se comprobó la existencia de un nuevo pacto de élites entre el gobierno que preside Nicolás Maduro Moros, y la derecha convenientemente dividida en dos bloques, Alianza Democrática y Plataforma Unitaria. Es un hecho notorio, público y comunicacional que los términos del proceso electoral son producto de los acuerdos suscritos entre las cúpulas del gobierno y esos sectores de la derecha, a espaldas de sus propias bases y del conjunto mayoritario del pueblo venezolano.

3) La flagrante y sistemática agresión al Estado de Derecho es uno delos mayores delitos del gobierno de Nicolás Maduro y sus aliados de la derecha, con mayor acentuación en los últimos dos procesos electorales. Hay que destacar la violación de derechos políticos, la criminalización de la protesta y la disidencia política. Por una parte, el partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se benefició con el uso franco y abierto de los Recursos del Estado, combustible, vehículos individuales y colectivos, sistema de telecomunicaciones y medios públicos, logística, computadores, oficinas públicas, instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, organismos de investigación y seguridad del estado, para llevar a cabo la campaña electoral. Mientras que los sectores de la derecha partícipe en el pacto de élites, disponían del usufructo de activos de Venezuela en el extranjero secuestrados por ellos con el apoyo del gobierno imperialista de los Estados Unidos, caso Monómeros, Citgo y dinero del estado venezolano en bancos de Europa. Ambos casos configuran el delito de peculado de uso.

4) El actual Gobierno del estado Barinas, hoy cuenta con el rechazo de la mayoría del pueblo barinés que se expresó de manera directa con su participación minoritaria en el proceso electoral y con una gran abstención. Ambos sectores tienen el repudio de las mayorías, tanto al candidato oficialista, como al candidato de los sectores de la derecha, ambos están inhabilitados, ética, legal y moralmente para ejercer cargos de elección popular".