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La Lupa

Piden 3 años y medio de prisión para el ex embajador Raul Morodo por blanqueo de fondos de Pdvsa

El ex embajador de España en Venezuela y su familia han sido sentados hoy en el banquillo de los acusados por recibir 30 millones de euros en contratos falsos realizados con la petrolera venezolana. La esposa reconoció que ella tenía cuentas en Suiza de siete millones de euros

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Caracas. Raul Morodo, embajador de España en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chavez y Jose Luis Rodriguez Zapatero, enfrenta tres años y medio en prisión por el delito de blanqueo de fondos y contratos falsos con Pdvsa realizados durante su gestión en la embajada.

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La acusación también involucra a tres miembros de su familia - su esposa Cristina Cañeque, su hijo Alejo y su nuera Ana Catalina Varandas- quienes serán juzgados individualmente por la misma acusación.

En el auto de apertura de juicio oral, el fiscal solicitó sentar también en el banquillo de los acusados al hijo del ex embajador y a su esposa, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública, todos cometidos entre 2013 y 2017. Para ambos, las peticiones de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción son más elevadas: ocho años y seis meses y multas que rozan los cuatro millones de euros para cada uno.

La esposa de Morodo admitió tener dinero en Suiza en 2015, cuando efectuó una "declaración voluntaria" ante la Agencia Tributaria española en la que reconocía que poseía un patrimonio en cuentas en Suiza “de casi siete millones de euros”. Así consta en informes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (la UDEF) incorporados al sumario.

Morodo, quien fue nombrado embajador aunque no pertenecía a la carrera diplomática, posee un vasto patrimonio inmobiliario adquirido en España con dinero ilícito procedente en su mayoría de PDVSA, así como cuentas multimillonarias en Portugal y en la banca suiza, tal como confirmaron las autoridades suizas a la Audiencia Nacional de España. Morodo y su familia abrieron cuentas en Suiza en 2004 y junto a nueve sociedades españolas y extranjeras, obtuvieron de manera ilegítima varias decenas de millones de euros de PDVSA a cambio de asesoramientos fingidos en Portugal y otros países europeos.

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Otro de los implicados en la trama, Juan Carlos Marquez Cabrera, quien ocupaba un alto cargo en Pdvsa, se quitó la vida tras ser interrogado por el juez. Marquez y su esposa poseían 15 inmuebles en España.



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