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¡Por la crisis! Aumentó 70% solicitudes de permisos para viajes de niños al exterior

El Cooperante | 20 agosto, 2017

Caracas, 20 de agosto/El Nacional.- Una medida provisional dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, municipio Santander, en Colombia, impidió que un niño de 6 años de edad viajara a Venezuela con su madre, quien tenía autorización judicial y reclamaba la custodia en un Proceso de Restitución Internacional.

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El caso reseñado por el diario El Tiempo de Bogotá, el 4 de agosto, señala que cuando la madre venezolana y su pequeño, de doble nacionalidad, se movilizaban en la vía Bucaramanga-Cúcuta, la progenitora fue notificada de la orden del Tribunal Superior que suspendía la salida del niño tras acoger los alegatos del padre de origen colombiano residenciado en ese país.





Debido a la situación que hoy apremia en Venezuela, yo no quiero entregar al niño. Estuve de acuerdo con la entrega a la mamá, pero ya no (…). Estoy en los trámites con mi abogado para retractarme. Lo que quiero es velar por los intereses de mi hijo”, argumentó el padre, separado de la esposa, en la acción de tutela que interpuso contra la decisión del juzgado que autorizaba el viaje y al que había dado al principio su consentimiento.

El pronunciamiento del magistrado José Marín Mora no solo ha causado controversia sobre la pertinencia del fallo a la luz de la Convención de la Haya sobre la Restitución Internacional de Menores, suscrita y ratificada por el Estado colombiano, sino que también ha puesto en evidencia cómo han aumentado en los dos últimos años las autorizaciones emitidas por tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes en el país, para permitir la residencia de los pequeños en el exterior. En la mayoría de las solicitudes realizadas, los padres alegan la necesidad de garantizar a sus hijos una vida mejor que la crisis venezolana impide.

Las autorizaciones para ese tipo de solicitudes se ha incrementado en 70%; han aumentado en la misma medida en que se ha agudizado la crisis del país. Hace 3 años la frecuencia era menor, casi 40%”, afirma una exjuez de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, en Caracas, quien desde hace 1 año ejerce en la materia de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) en forma privada.





El padre o la madre que solicita la autorización de residencia alega ante el tribunal la inestabilidad económica del país, la pérdida de clases e, inclusive, el riesgo de una guerra civil. Busca obtenerla con la promesa de darle al niño una mejor opción de vida fuera del país y tiene que demostrarlo.

En octubre pasado, a una joven madre que ocupaba un alto cargo en una empresa consolidada en Caracas, le salió un contrato en París. Separada de su esposo, vivía con su hijo de 6 años y quería llevárselo. El padre primero estuvo de acuerdo pero luego se opuso y fueron a juicio. Ella pudo demostrar que tendría un buen trabajo, dispondría de vivienda, mientras que él no tenía estabilidad económica y, además, el niño faltaba a clases y no tenía garantizada una buena alimentación.

“Eso privó en el criterio del juez para emitir la autorización de residencia del niño fuera del país. Siempre habrá un mínimo de subjetividad; un juez por más imparcial que se deje ver, siempre va a notar la situación que afronta el niño”, afirma Guardia.

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