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Por las expropiaciones: Tribunal de La Haya condena al régimen de Venezuela a pagar 366 millones de dólares

El Cooperante | 3 mayo, 2019

Caracas/Foto de portada: RTVE.- Un tribunal arbitral internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Holanda, condenó a Venezuela a pagar  366 millones de dólares a favor de Serafín García Armas y su hija Karina García Gruber, propietarios de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. en concepto de indemnización por la expropiación ilegal de estas compañías que tuvo lugar en 2010.

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Según un documento exclusivo al cual tuvo acceso el Diario de las Américas, “El arbitraje internacional fue iniciado en el año 2012 por Serafín García Armas y Karina García Gruber invocando el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y el Reino de España en el año 1995. El reclamo se basó en la expropiación de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., compañías de García Armas y García Gruber, quienes operaban en el sector de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”.

Hugo Chávez, el fallecido gobernante socialista de Venezuela, ejecutó varias expropiaciones en el otrora rico país petrolero durante su mandato, enfocándose en latifundios y empresas, pero muchas de ellas no fueron indemnizadas oportunamente, según establece la Constitución de Venezuela.

“En mayo de 2010 las instalaciones de estas compañías fueron ocupadas y sus inventarios decomisados por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), bajo las órdenes del presidente Hugo Chávez (…) En el caso de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., el Indepabis acusó a estas compañías de irregularidades operativas, y a través de medidas preventivas de ocupación y operatividad temporal, removió a sus propietarios legítimos y puso sus activos e inventarios a disposición de una junta administradora controlada por el Gobierno”.

Como resultado de estas violaciones del Tratado Venezuela-España, el Tribunal Arbitral condenó a Venezuela al pago de la indemnización a favor de los inversores por 366 millones de dólares más intereses a partir de la fecha del laudo. Como parte de dicha condena, ordenó a Venezuela cubrir todos los costos legales y administrativos del arbitraje, notando que la defensa de Venezuela en el arbitraje había intentado obstruir el avance del procedimiento de manera sistemática y con mala fe.

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