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Presentan ante el Consejo de la ONU el último informe sobre el sistema judicial en Venezuela

Para Valiñas "en medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada"

Foto: Reuters

Caracas.- Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, presentó este viernes en horas de la mañana al Consejo de DD. HH. de la ONU la última actualización del informe sobre el sistema judicial en el país.

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Valiñas, como presidenta de la Misión Internacional Independiente que evalúa el sistema judicial en Venezuela, presentó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el último informe sobre la justicia en Venezuela, el cual fue publicado el pasado 16 de septiembre. En él se reseñan algunas de las irregularidades por parte de los jueces y fiscales.

La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla en su segundo informe "cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014″.

Marta Valiñas, presidenta de la misión aseguró que "en medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales".

Según Valiñas, existen "motivos razonables" para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y los fiscales han desempeñado mediante sus actos y omisiones, "un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela".

Para llegar a esa conclusión, la Misión efectuó "177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos".

También hicieron un análisis de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, para determinar que hubo 183 detenciones irregulares de opositores "reales o percibidos del gobierno" entre 2014 y agosto de 2021.

El informe advierte que la justicia venezolana ordenó la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional, además de mantener la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona: "dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo".





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