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Procesos judiciales no detienen la violencia en los adolescentes delincuentes

El Cooperante | 2 abril, 2017

Caracas, 2 de abril / Darvinson Rojas.- La primera vez que Yonaiquer Ramón Marcano accionó un arma de fuego para matar fue en el año 2014, para ese momento tenía 16 años. No estuvo mucho tiempo en libertad, funcionarios del Eje Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lo encontraron el 4 de octubre en Naiguatá, población del estado Vargas donde vivía con su familia.

Por no contar con la mayoría de edad, quedó libre varios días después, luego de ser presentado ante un tribunal de la entidad. Seis meses después, el 17 de abril de 2015, fue detenido de nuevo por agentes de la policía científica, pero esta vez lo apresaron unos uniformados de la subdelegación de La Guaira.

El delito era otro, aprovechamiento de vehículo proveniente de un hurto o robo, pero la historia no cambió. Tenía un año más de vida, pero la suma no alcanzó para que fuera procesado como un adulto.

Para el 24 de julio de 2016, el joven ya contaba con la mayoría de edad, dos registros policiales, e integraba una banda delictiva dedicada al robo de las pertenencias de los que visitaban las costas varguenses.

Esa mañana, Jhoynner Sánchez, un comerciante de 30 años, decidió viajar desde Caracas hasta la playa Los Ángeles con su novia y varios amigos. La intención era compartir y disfrutar de un domingo feriado. A las 4:00 de la tarde, cuando caminó hacía el vehículo en el que habían llegado, para cambiar la canción que sonaba, fue sorprendido por un hombre, que le exigió una cadena de oro que tenía en el cuello.

Sánchez, quien estaba a pocos meses de conocer a su primera y única hija, forcejeó con el atacante al no verlo armado. Logró arrancarle el bolso que cargaba. Estaba abierto, eso permitió que un pedazo de hoja cayera al piso lleno de arena. Era una copia de la cédula de identidad del ladrón, que, al percibir la resistencia, agarró una pistola que guardaba entre la cintura y el pantalón que cargaba.

El trabajador recibió un disparo en el pecho que le quitó la vida segundos después, mientras que el delincuente huyó y sin notar que su identificación quedó en el lugar. Los testigos del crimen comprobaron que el del papel es el asesino.

Marcano está solicitado desde el 3 de octubre de 2016, luego de una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 1 de Control de estado Vargas, por el delito de homicidio calificado en la ejecución de robo agravado. “No hemos parado de buscarlo”, indicó el director de Seguridad Ciudadana de la entidad, Andrés Golcalves, quien ha sido la única autoridad que ha hablado sobre el caso.

“Sistema corrompido”

Para el coordinador general de Cecodap, Fernando Pereira, ese es un ejemplo de diversas irregularidades en el proceso judicial, en el que no es acatado lo establecido en las leyes. Un adolescente no puede estar en la calle, luego de haber cometido un delito grave, como homicidio, secuestro o violación, que contempla hasta un castigo de 10 años de privación de libertad, y menos si lo ha hecho varias veces.

Eso nos muestra un sistema completamente corrompido, ineficiente, que fomenta la impunidad. Si cometen un hecho de menor gravedad y la justicia no actúa, por lógica va a seguir hasta meterse en hechos con mayores consecuencias y daños”; resaltó.

Pereira sostiene que los cuerpos de seguridad del Estado deben tener la capacidad para lograr la captura de los que incurran en acciones hamponiles, para que luego el Ministerio Público y los jueces hagan su trabajo, que, en cada caso, debe finalizar con una condena. El detenido debe estar en un centro para la reeducación y reinserción social, pero la realidad es distinta a lo que establecido en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

No salen con un oficio aprendido, trabajo y estudios formales. Lo que hacen es continuar en contacto con el mundo de la violencia”, señaló el vocero de Cecodap sobre los jóvenes entre 14 y 17 años que, al cumplir la condena, pueden volver a cometer hechos delictivos. El otro grupo, el que llega a la mayoría de edad, sin consumar lo impuesto por el juez, debe ser trasladados a un centro penitenciario para adultos, donde las condiciones son peores.

Limbo legal

La segunda reforma de la Lopnna, efectuada en el año 2015, establece que solo los mayores de 14 años tienen responsabilidad en hechos penales, pero no detalla que ocurre con los niños que puedan cometer algún delito, lo único que indica es que deben pasar a manos del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

No hay una ruta establecida, cómo el tipo de atención que deben recibir, tratamientos, evaluaciones, los programas de los que formarán parte, en que centros estarán y por cuanto tiempo. El presupuesto es otra limitación, sumado a que hay que costear la alimentación, sobre todo para aquellos muchachos que no cuentan con el apoyo de sus padres.

Tal es el caso de un niño de ocho años y otro de 12 años, que está al inicio de la adolescencia. Hace varias semanas fueron detenidos por presuntamente estar involucrados en un doble homicidio registrado en Sabana Grande, donde las víctimas fueron dos sargentos del Ejército.

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