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Procurador de Guaidó: Régimen no puede suscribir contratos de hidrocarburos sin permiso de la AN

Reinaldo Villanueva | 16 enero, 2020

Caracas.- La Procaduría de la presidencia encargada de Juan Guaidó informó este jueves que cualquier contrato suscrito por el régimen de Nicolás Maduro con empresas privadas para la explotación de hidrocarburos son inconstitucionales por no ser previamente autorizados por la Asamblea Nacional (AN).

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“Todos los contratos que transfieran directa o indirectamente derechos de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a empresas privadas suscritos por el régimen de Maduro, serán inconstitucionales y no constituirán compromisos válidos del Estado venezolano. Además, las empresas privadas que colaboren con el régimen de Maduro incurren en responsabilidad, incluso, frente al Derecho Internacional”,  reza el comunicado difundido a través de Twitter.





Indicaron que Maduro ha “violado” las normas establecidas en la legislación venezolana al firmar contratos de servicios petroleros, así como al momento de “modificar las condiciones de operación de las empresas mixtas sin el control” del Parlamento.

“A todo evento, después del 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro, y quienes usurpan la Presidencia de la República y demás entes del Ejecutivo, no pueden celebrar válidamente ningún tipo de contrato”, señalaron.

Lea el comunicado integro:





LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS CONTRATOS PETROLEROS SUSCRITOS POR EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO Y LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LOS INVERSIONISTAS QUE SEAN PARTES DE ESOS CONTRATOS

Todos los contratos que transfieran directa o indirectamente derechos de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a empresas privadas suscritos por el régimen de Maduro, serán inconstitucionales y no constituirán compromisos válidos del Estado venezolano. Además, las empresas privadas que colaboren con el régimen de Maduro incurren en responsabilidad, incluso, frente al Derecho Internacional.

De conformidad con los artículos 150, 302 y 303 de la Constitución, y 9 y 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, las empresas privadas solo pueden participar en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el marco de los contratos de empresas mixtas previamente autorizados por la Asamblea Nacional. El régimen de Maduro ha venido violando esas normas, al suscribir contratos de servicios petroleros y modificar las condiciones de operación de las empresas mixtas sin el control de la Asamblea Nacional, como ha denunciado la Asamblea Nacional en Acuerdos de 18 de abril de 2017 y 8 de enero de 2019.

A todo evento, después del 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro, y quienes usurpan la Presidencia de la República y demás entes del Ejecutivo, no pueden celebrar válidamente ningún tipo de contrato.

Luego de la toma militar del Palacio Federal Legislativo por aliados del régimen de Maduro, algunos medios de comunicación han señalado que empresas privadas podrían suscribir contratos petroleros con la supuesta autorización de quienes participaron en esa toma militar para imponer por los hechos a una ilegítima Junta Directiva. Asimismo, otros medios reflejan que Maduro habría encomendado a socios minoritarios de empresas mixtas la comercialización de crudo venezolano.

Todos esos contratos, de existir, serían nulos e inexistentes, pues ellos pretenden trasladar derechos de exploración, explotación y comercialización a empresas privadas como resultado de la usurpación de la Presidencia de la República y al margen de los controles que corresponde ejercer a la Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por lo tanto, ninguno de esos contratos será un compromiso válidamente adquirido del Estado venezolano.

Además, las empresas privadas que participen en esos contratos inconstitucionales, incluyendo a los socios minoritarios de las empresas mixtas, serán responsables por la violación a la Constitución, en especial, por dar apoyo al régimen de Maduro que, además de ilegítimo, viola de manera sistemática derechos humanos. Por lo tanto, esa responsabilidad podría ser reclamada incluso en el Derecho Internacional, para exigir compensación por el apoyo otorgado al régimen de Nicolás Maduro para facilitar la violación de derechos humanos.

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