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Provea rechaza expulsión de funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de la ONU
Más temprano, el canciller Yván Gil anunció la suspensión de las actividades de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Caracas/Foto: Archivo. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) rechazó este jueves la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a los 13 representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.
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“Esta medidas aumenta la desprotección de las víctimas ante los avisos e intenta impedir el escrutinio de los órganos de protección ante las graves violaciones de DD. HH. que se cometen a diario en el país”, escribió la ONG.
En contexto
Más temprano, el canciller Yván Gil anunció la suspensión de las actividades de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Gil aseveró que la oficina ha sido instrumentalizada para arremeter contra el gobierno de Maduro. “Se convirtió en el bufete de grupos golpistas”, sostuvo.
Dijo que “esta oficina ha sido usada e instrumentalizada como una caja de resonancia para mantener un discurso contra el Gobierno de Venezuela (...). Se solicita al personal que abandone el país en 72 horas hasta que rectifique públicamente su actitud colonialista”.
Anunció que el gobierno de Nicolás Maduro hará una revisión integral de los términos de la cooperación “específica de la oficina que está en Caracas”.
Recordó que desde 1999, en nombre de los derechos humanos, se han desarrollado campañas para atentar contra el gobierno y Venezuela. Dijo que a diario hay declaraciones “infundadas” que piden “intervención” y evidencian las intenciones de “tratar de tutelar las instituciones y el Poder Público Nacional”.
Afirmó que en el pasado, la llamada “IV República” negó los derechos humanos a los venezolanos. Mencionó que hubo asesinatos, torturas y encarcelamientos injustos.
“Era una política de Estado dirigida a cercenar derechos civiles y políticos”, afirmó.
Gil recalcó que en los últimos 25 años Venezuela se ha consolidado como un Estado para el pueblo que garantiza la protección a los ciudadanos y a sus derechos fundamentales.
“Venezuela es quizá uno de los países de la región que más respeta todo lo que tiene que ver con la declaración universal de DD. HH.”, añadió.
Aseveró que el Ejecutivo dio a la Oacnudh acceso a instancias y los cuerpos de seguridad, sin restricciones “porque en Venezuela no tenemos nada que ocultar y estamos orgullosos de cómo protegemos los DD. HH.”.
Sobre Rocío San Miguel
En los últimos días, la Oacnudh manifestó su preocupación por la detención de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue aprehendida el 9 de febrero y no fue sino hasta el 13 de febrero cuando se supo donde estaba detenida.
"Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal", escribió la oficina en su cuenta de X, antes Twitter.
Este 15 de febrero indicó que la misma red social que "tras las declaraciones de las autoridades, tomamos nota que el lugar de detención de Rocío San Miguel - y por ende su paradero - ha sido confirmado y cuatro familiares han sido puestos en libertad condicional".
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el respeto de las garantías del debido proceso, "incluido el derecho a la defensa".
El comunicado señala que desde la firma de la referida Carta de Entendimiento con la ONU, la Oficina del Alto Comisionado “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución”.
Agregó que, pese a la petición del Estado de cesar sus “ataques”, la oficina ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, “justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino”.
Afirmó que esta Oficina del Alto Comisionado “resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.
Agregó que la instancia incumple las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU, según las cuales el Alto Comisionado tiene el deber de "respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados".
“Venezuela hace un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reiteró su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”, dice el documento leído por Gil.
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