article-thumb
   

Al Defensor del Pueblo no le gusta que bachaqueros sean sancionados barriendo plazas

Christhian Colina

Christhian Colina.- La tarde este lunes el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, calificó el “Plan de Tolerancia Cero contra el Bachaqueo” aplicado por el alcalde de Puerto Cabello (Carabobo), Rafael Lacava, como una medida fuera de lugar ya que usurpa funciones de los tribunales del país; mientras que el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, consideró el hecho como una violación al debido proceso sometiendo al escarnio público a ciudadanos que presuntamente revenden los alimentos.

“El único órgano en Venezuela que posee la cualidad institucional para sancionar a los bachaqueros son los tribunales de la República, por tal motivo, las alcaldías están usurpando su autoridad y funciones”, afirmó Tarek William Saab. A juicio del funcionario, los bachaqueros destruyen la economía del pueblo venezolano, específicamente “el salario de su prójimo”, agregó.

Saab manifestó en el programa Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión que “el Ministerio Público tiene el poder de sancionar si es culpable y de liberar si es inocente, un alcalde o un gobernador tienen la función clara de realizar obras, mantenimiento, pero jamás inmiscuirse en temas de carácter penal (…) es sensacionalista que sometan a estas personas al escarnio público al vestirlos con bragas de color naranja y que los pongan a barrer las calles”.

Por su parte, Rafael Uzcátegui de Provea, aseguró que el plan aplicado originalmente en Puerto Cabello y repetido en el municipio José Félix Ribas (Aragua) es un acto regresivo e ilegal que sienta un mal precedente, pues el Ejecutivo no tiene facultad alguna para imponer sanciones penales a nadie. “Es un acto que viola el debido proceso y el derecho a la justicia, porque ningún alcalde en Venezuela está facultado para imponer sanciones por la comisión de delitos”, dijo.

 

Uzcátegui recordó que este tipo de medidas no son novedosas en el país, pues desde la dictadura de Gómez se hacía, pero ya había sido cuestionado y desterrado como práctica. “Es muy curioso que se estén retomando este tipo de penas que ya en los gobiernos de la llamada cuarta República se habían aplicado, en el marco de la abolida Ley de Vagos y Maleantes. En ese momento los tribunales del país reaccionaron en contra de estas iniciativas de mandatarios locales y las revirtieron”, expresó al diario El Impuso del estado Lara.

Comentarios

comentarios