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Publicada en Gaceta Oficial la Ley de Control y Regulación de ONG
La normativa, que consta de 39 artículos, además de tres disposiciones transitorias, una derogatoria y una final, establece requisitos adicionales para la creación y funcionamiento de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro
Caracas / Foto: Archivo.- La ley que regula las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela, aprobada el 15 de agosto por la Asamblea Nacional (AN), fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.855.
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La normativa, que consta de 39 artículos, además de tres disposiciones transitorias, una derogatoria y una final, establece requisitos adicionales para la creación y funcionamiento de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro.
El incumplimiento de esta ley puede acarrear severas sanciones, incluyendo la disolución automática de las organizaciones.
Entre los nuevos requisitos, se incluye la obligación de que las organizaciones presenten anualmente sus libros y registros contables, así como informar de manera periódica sobre el financiamiento o las donaciones que reciben.
Asimismo, se les prohíbe aceptar aportes económicos dirigidos a organizaciones con fines políticos o realizar contribuciones a partidos políticos. También se prohíbe, de acuerdo a la última modificación, "recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas".
De acuerdo con el artículo 30 en caso de que exista un motivo para considerar que la ONG ha incurrido en alguna de las prohibiciones establecidas, el ministerio con competencia en materia de justicia deberá acordar la suspensión del funcionamiento de la misma y deberá notificarla al órgano judicial competente en un plazo de 15 días.
Durante varios meses, diversas organizaciones y activistas han solicitado la no aprobación de esta ley, argumentando que sus disposiciones representan "restricciones severas" hacia las "organizaciones sociales en el país".
"Esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico. La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática", denunció la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 13 de agosto.
Asimismo, el subsecretario de Estado de EE. UU., Brian Nichols, calificó la aprobación de esta ley como un “ataque directo a la sociedad y la libertad de asociación”.
Nichols subrayó que esta medida solo contribuiría a aislar "aún más" al presidente Nicolás Maduro de la comunidad internacional.
“Esta acción no solo socava los principios democráticos en Venezuela, sino que también reprime la participación ciudadana en los espacios cívicos”, indicó el funcionario estadounidense.
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