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Qué hacer frente a la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios sancionada por la ANC

Danny Leguízamo | 15 octubre, 2019

Caracas.- La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano político. No goza de legalidad ni legitimidad, pero existe. Es un hecho. Y el “hecho político” ha sancionado varios instrumentos legales. La Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios es uno de ellos. Para el abogado Francisco Ramírez Ramos, “A pesar de la opinión que se pueda tener sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente para dictar normas tributarias, la existencia y exigencia del impuesto es una realidad fáctica que no puede dejar de tomarse en cuenta”, dijo.

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Consultado sobre la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios,  el abogado Francisco Ramírez Ramos aseguró que “Todas las personas y entidades deben evaluar el riesgo que significa para su patrimonio y para su libertad el negarse a cumplir con las obligaciones impositivas creadas por esta ley constitucional, por cuanto el Seniat tiene el mandato de aumentar su recaudación con este impuesto, lo cual genera el incentivo de hacer un control estricto a los contribuyentes especiales, quienes ya están bajo la lupa vigilante de la Administración tributaria”, expresó a esta sala de redacción.





Entre el 01 de octubre y el 30 de noviembre de cada año debe procederse con la declaración, o en el caso de “Muerte de contribuyente persona natural, extinción de persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, cambio de residencia al extranjero de persona natural o jurídica, o cambio de forma jurídica que cambie el régimen impositivo”, explicó.

Deben de cancelar el impuesto las personas naturales y jurídicas designados contribuyentes especiales conforme a la ley, residentes o con establecimiento permanente en Venezuela que tengan un patrimonio igual o superior a 150 millones de unidades tributarias.

Para el cálculo de lo que deben cancelar los posibles contribuyentes, se suma el valor total de los activos y se resta el valor de los pasivos, de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los activos y de los activos exentos o exonerados. Al resultado se le aplica una alícuota que va desde 0,25% hasta 1,5%.





Los bienes muebles e inmuebles sujetos a gravamen, son las joyas, obras de arte, antigüedades, resorts, inmuebles en el extranjero y los inmuebles en Venezuela que no figuren como vivienda principal.

En contexto

La Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios, sancionada por la espuria ANC en julio de este año, persigue “contribuir al equilibrio fiscal de la nación y está dirigida a personas jurídicas que tengan activos por más de 250 mil euros”, según los proponentes de la Ley.

“Esta ley reconoce que en Venezuela sí existen grandes patrimonios, donde hay personas naturales y personas jurídicas que tienen patrimonios importantes y la ANC quiere que hagan un aporte a la nación a través de un impuesto y por eso se estipuló que las personas naturales que tengan por encima de 236 mil euros paguen su impuesto y contribuyan con la nación”, indicó el constituyente Orlando Camacho durante la exposición de motivos ante la ANC.

Resaltó que la ley excluye como activos para tasar la vivienda principal de cada ciudadano. “Si una vivienda pasa de 472 mil euros paga, aquellas que están por debajo quedan exentas. También quedan libres la ropa, zapatos, prestaciones sociales de los trabajadores, bienes de propiedad comunal, activos que se utilicen para la agricultura y la producción de alimentos (…) La tasa es progresiva del 0.25% anual hasta el 1.50% anual. Esta ley viene del año 2017, es la única que nos faltaba por aprobar”, dijo Camacho según cita de VTV.

 

 

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