article-thumb
   

¡Qué sorpresa! TSJ rechaza demanda contra Maduro en la que se pedía información oficial

Christhian Colina

El Cooperante.- La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rechazó una demanda introducida por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), contra el presidente Nicolás Maduro, en la que instaban al mandatario venezolano explicar los motivos por los cuáles no ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual suscribió en 2009.

El máximo tribunal del país consideró que Provea no explicó las razones por las cuales le interesaba saber los motivos del Ejecutivo nacional para no ratificar el documento. Provea señaló en el texto que desde el año 2013 le están solicitando al Jefe de Estado explicar por qué el tratado internacional no está vigente en el país.

El Estado tendría que dedicar tiempo y recurso humano a los fines de dar explicación acerca de la amplia gama de actividades que debe realizar en beneficio del colectivo, situación que obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el sistema de administración de justicia ante los planteamientos de esas abstenciones”, plantean en la sentencia.

Con ponencia del magistrado Emiro Rosas García, la Sala ratificó el criterio sostenido en otras sentencias, según las cuales el derecho al acceso a la información pública no es un derecho absoluto y que los ciudadanos que pretendan ejercerlo deben explicar el por qué y para qué quieren obtener datos en poder de los organismos públicos.

Otro argumento esgrimido por la Sala es que la ratificación o adhesión de convenios o documentos internacionales forman parte de las “competencias discrecionales del Presidente de la República, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República”.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un texto que permite a los ciudadanos denunciar ante las Naciones Unidas la violación de garantías como la educación, salud, trabajo, alimentación, recreación y otros por parte de las autoridades, pero eso solo podrá hacerse una vez que esté en vigencia.

Con información de El Universal

Comentarios

comentarios