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¿Reforma blindada? AN aumentó número de magistrados en 2004 con visto bueno del TSJ

Jose G Martinez

José Gregorio Martínez.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se ha convertido en el principal obstáculo a las decisiones de la Asamblea Nacional (AN), sería una vez más la alcabala por la que debe pasar el Parlamento para reformar la Ley Orgánica del TSJ y aumentar el número de magistrados. Sin embargo, en 2004 la Sala Constitucional sentó una jurisprudencia al respecto cuando declaró constitucional la nueva ley que aumentó de 20 a 32 el número de togados.

Fue el 19 de mayo de 2004 cuando en el Capitolio, con mayoría oficialista, se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que derogaba la antigua Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, siendo publicada al día siguiente en la Gaceta Oficial N° 37.942. Cuatro días después, el abogado Tulio Álvarez interpuso ante la Sala Constitucional un recurso para solicitar la inconstitucionalidad de la ley pero este fue declarado sin lugar.

La Sala Constitucional tampoco encontró objeciones a la reforma a esta ley aprobada por la Asamblea Nacional el 11 de mayo de 2010 y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.991, la cual fue reimpresa en la Gaceta Oficial N° 39.483 del 9 de agosto, quedando finalmente publicada por corrección de errores materiales en la Gaceta Oficial N° 39.522 del 1 de octubre del mismo año.

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, aprovechó la sesión en la que fue declarada nula la sentencia que limitaba la función contralora del Parlamento para aclarar al oficialismo que invocar el artículo 204 de la Constitución, referente a las iniciativas legislativas, no sería procedente para declarar inconstitucional la reforma a la ley del TSJ que persigue aumentar a 70 el número de magistrados, según la propuesta de la Consultoría Jurídica de la AN.

El numeral 4 del artículo 204 de la Carta Magna señala que la iniciativa de las leyes corresponde “al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales”. Ramos Allup aclaró que esto no quiere decir que solo el TSJ se reserva la iniciativa de estas leyes sino que solo para estas leyes puede tener iniciativa legislativa el TSJ, a diferencia de los numerales 1,2 y 3, que establecen que la iniciativa de las leyes corresponde “al Poder Ejecutivo Nacional, a la Comisión Delegada y las Comisiones Permanentes, y a los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en un número no menor de tres”, respectivamente, sin señalar condiciones en estos casos.

Vale recordar que en el recurso interpuesto ante la Sala Constitucional por el abogado Tulio Álvarez contra la Ley Orgánica del TSJ sancionada en 2004 se solicitaba declarar su inconstitucionalidad, entre otras cosas, porque había sido debatida sin oportunidad de participación de los ciudadanos afectados y del mismo TSJ; sin embargo, la Sala Constitucional no encontró argumentos jurídicos para admitirlo.

La Constitución establece en su artículo 203 que toda ley orgánica debe ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes antes de iniciarse la discusión del proyecto, lo que no representaría ningún problema para la oposición, incluso si los tres diputados de Amazonas siguen desincorporados. Este artículo también indica que antes de la promulgación, las leyes orgánicas deben ser remitidas a la Sala Constitucional del máximo tribunal para que se pronuncie a cerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico.

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