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Reino Unido insta a Maduro a cumplir con el Acuerdo de Barbados

El viceministro de la Cancillería británica para las Américas y el Caribe, David Rutley instó al gobierno de Nicolás Maduro a “poner fin a la represión contra los defensores de derechos humanos"

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Venezuela acuerdo

Caracas/Foto: Archivo. El viceministro de la Cancillería británica para las Américas y el Caribe, David Rutley, expresó este viernes su preocupación por los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela. 

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“El Reino Unido está muy preocupado por el caso de Rocío San Miguel en Venezuela y la suspensión de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de DD. HH. de la ONU”, escribió Rutley en su cuenta de X.

Además, el funcionario británico instó al gobierno de Nicolás Maduro a “poner fin a la represión contra los defensores de derechos humanos y a cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados”.

Caso Rocío San Miguel 

La defensora de derechos humanos fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a hacer un viaje familiar, sin embargo, las autoridades venezolanas confirmaron su captura hasta el 11 de febrero. 

En una rueda de prensa el miércoles, el fiscal general, Tarek William Saab, negó que San Miguel haya sido víctima de una desaparición forzosa

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Saab destacó que San Miguel fue presentada ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, junto a "cinco ciudadanos, que luego las investigaciones aparecieron involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete blanco".

Aseveró que por la trama se contabilizan 19 involucrados y hay 15 órdenes de aprehensión por ejecutar, "porque (las personas) están prófugas".

"En dicha audiencia, realizada en el Tribunal 2° Contra Terrorismo, a solicitud de los fiscales del Ministerio Público, fue acordada medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros", sostuvo.

Expulsión de la ONU 

Además, en horas de la tarde del jueves 15 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la suspensión de las actividades de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseveró que la oficina ha sido instrumentalizada para arremeter contra el gobierno de Maduro. “Se convirtió en el bufete de grupos golpistas”, agregó. 

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Dijo que “esta oficina ha sido usada e instrumentalizada como una caja de resonancia para mantener un discurso contra el Gobierno de Venezuela (...). Se solicita al personal que abandone el país en 72 horas hasta que rectifique públicamente su actitud colonialista”.

Anunció que el gobierno de Nicolás Maduro hará una revisión integral de los términos de la cooperación “específica de la oficina que está en Caracas”.

Para el Gobierno venezolano, la Oficina del Alto Comisionado “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución”. 

Agregó que, pese a las peticiones del Estado de cesar sus “ataques”, la oficina ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, “justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino”.

Afirmó que esta Oficina del Alto Comisionado “resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”. 

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“Venezuela hace un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”, sentenció Gil.





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