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Rescatan a dos venezolanas víctimas de trata y explotación laboral en Costa Rica

Los acusados habían reclutado a dos víctimas venezolanas menores de edad en 2018, haciéndose pasar por sus tutores legales en el país

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Caracas / Foto: La Nación.- La Policía de Migración de Costa Rica llevó a cabo este martes tres registros domiciliarios en las provincias de Alajuela y Heredia, con el fin de rescatar a dos mujeres venezolanas que fueron víctimas de trata de personas con el objetivo de ser explotadas laboralmente.

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Según información del Diario Extra de Costa Rica, la investigación que llevó a cabo los allanamientos se inició a raíz de una denuncia que reveló que los acusados habían reclutado a dos víctimas venezolanas menores de edad en 2018, haciéndose pasar por sus tutores legales en el país.

Tras su llegada a suelo costarricense, las víctimas fueron obligadas a laborar en negocios propiedad de los detenidos, con jornadas laborales extenuantes de más de 12 horas diarias, sin días de descanso, sin pausas para comer, sin remuneración y sin seguro médico, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales, tal y como lo subrayó la institución encargada del caso.

Además, pese a que inicialmente las víctimas estaban matriculadas en centros educativos, las exigencias laborales impuestas por los perpetradores obstaculizaron su continuidad académica, viéndose forzadas a trabajar en los comercios hasta altas horas de la noche para atender la clausura de los mismos.

Modus operandi

Durante la operación, se efectuaron dos arrestos por este delito, identificando a los sospechosos como Feng y Peng. Uno de ellos, se encargaba de mantener a las víctimas subyugadas, reteniendo sus documentos de identidad y restringiendo su movilidad tanto en los domicilios como en los locales comerciales.

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Por otro lado, el también sospechoso de apellido Feng, de origen chino, fungía como administrador y ejercía el control sobre las personas afectadas, motivo por el cual ambos ya se encuentran bajo arresto.

Una vez liberadas las víctimas, ya mayores de edad en la actualidad, las autoridades competentes asumieron su cuidado y supervisión. Mientras tanto, los detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público.



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