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La Lupa

Retraso procesal, tortura y muerte: La historia de los indígenas presos por el asalto al fuerte de Santa Elena en Bolívar

Salvador Franco murió por no recibir atención médica, por lo que el Foro Penal responsabiliza al Estado de su desaparición física

Foro Penal

Caracas / Foto Portada: Foro Penal.- El domingo 3 de enero, la ONG Foro Penal sacudió a la comunidad indígena pemón al informar que murió Salvador Franco. El hombre de 44 años era uno de los 13 pemones presos en el Rodeo II desde mediados de año, por su presunta participación en el asalto al fuerte militar de Santa Elena, también conocida como «Operación Aurora». Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de la ONG, alertó que los demás detenidos padecen desnutrición y tienen problemas de salud por lo que necesitan atención médica urgente.

Lea también: Fallece en El Rodeo II el indígena pemón Salvador Franco

En Venezuela, los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional (AI) y la Organización de Naciones Unidas (OEA) han sido ignorados. La Administración de Nicolás Maduro hace caso omiso a los llamados de atención sobre defensa de DD. HH. Los resultados de la autopsia del preso político Salvador Franco revelaron que un edema cerebral y un shock séptico fueron las complicaciones registradas como causa de muerte, producidos por un cuadro de tuberculosis y desnutrición.

Desde noviembre de 2020, el Tribunal Cuarto en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) había ordenado que Salvador Franco fuese trasladado a un centro de salud para que recibiera una evaluación médica. Pero, la orden firmada por el juez Macsimino Márquez no fue cumplida por el director de la cárcel de El Rodeo II.

En conversación telefónica con El Cooperante, Olnar Ortiz explicó que la razón que dio el director para no trasladarlo es que el permiso debía ser autorizado por la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Zulay Contreras Moreno.

Tres días después de su muerte, el cuerpo del pemón llegó a su  pueblo natal Kumarakapay, donde familiares y amigos le dieron el último adiós. Ortiz reprochó que la Administración de Maduro no se hizo responsable de los gastos de su traslado.

Entierro de Salvador Franco. Foto: Olnar Ortiz.

«Luego de más 1200 km, ya el cuerpo de Salvador Franco está en Kumarakapay. Fueron más 33 horas de recorrido. Salvador indígena Pemón quien el régimen le negó el derecho a la atención médica y por lo que fallece, no asumió ningún gasto para su traslado a su tierra ancestral», escribió Ortiz en Twitter.

El representante del Foro Penal destacó que los familiares y los integrantes de la ONG temen por el estado de salud de 12 de los pemones que quedan detenidos en el recinto carcelario ubicado en Guatire, estado Miranda.

«Su situación es precaria, algunos tienen síntomas de gripe, no saben si es COVID-19 porque no les realizan pruebas, no reciben atención médica y están bajos de peso por el tema de la mala alimentación».

Pese a que desde el mes de septiembre, los familiares pueden visitarlos y llevarles comida y ropa, las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encuentran son terribles. Todo esto aunado a un proceso judicial que estuvo paralizado siete meses por la pandemia y 4 audiencias declinadas.

Ahora están en espera de que se fije la audiencia para el comienzo del juicio, mientras sus familiares temen por la vida de todos y piden ayuda internacional para obtener la liberación de los indígenas.

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Hechos que llevaron a la detención

La madrugada del 22 de diciembre de 2019, el exalcalde de la Gran Sabana, Ricardo Delgado informó que un grupo de pemones armados liderados por un oficial desertor del Ejército tomaron las instalaciones del 513 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla, ubicado en Luepa, Municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

Delgado dijo que la sublevación de oficiales era una convocatoria a la población civil y a la GNB para que «se unieran al ejército libertador y terminar con el cese de la usurpación».

Un reporte policial detalló que a las 4:58 a.m. la policía del estado recibió una llamada del oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Franco Efrain para contar lo que sucedió: varios sujetos fuertemente armados que se hicieron pasar por efectivos de la Dgcim apuntaron a todos los funcionarios que se encontraban en servicio.

Los sujetos despojaron a los oficiales en servicio de sus armas (5 pistolas) y tomaron un chaleco antibalas. Según este reporte, se trasladaban en una camioneta de color plateado.

Los militares y pemones sublevados «salieron en una camioneta Hilux y un camión Ford 350. Luego asaltaron el puesto de la policía del estado Bolívar en San Francisco de Yuruaní donde se llevaron 9 pistolas 9mm y 5 escopetas», precisó la misiva.

Cuando escapaban, se encontraron en la vía con un punto de control militar donde se generó un enfrentamiento y huyeron hacia las trochas.

Durante el asalto resultó muerto el GNB Jean Piere Caraballo y otro oficial herido.

Ortíz apuntó que las detenciones ocurrieron del 22 de diciembre al 30 de diciembre: Óscar Pérez, Leomar Delgado, Alfredo Fernández, Frank Fernández, Fiacencio Meya, Amilcan Pérez, Frederick Fernández, Lisandro González, Carlos García, Pantaleón Pérez, Willy Martínez, Ronny Sánchez y Salvador Franco, fueron detenidos de forma arbitraria por los cuerpos de seguridad del Estado.

Asalto fue planificado desde el exterior

No fue sino hasta el 11 de enero, cuando el fiscal general de la Administración de Maduro, Tarek William Saab dio información sobre el asalto al fuerte. Saab acusó a los responsables de «terroristas».

“Esta acción terrorista fue dirigida y planificada por militares de reserva activa, desertores y ex funcionarios policiales ubicados en el exterior, así como por personal civil y miembros de la etnia indígena pemón”, dijo en declaraciones a la prensa.

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Reportó que los involucrados se hicieron con 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15 y 5 escopetas Remington. 2 ametralladoras MAG y 209 granadas MK-15. Además, hurtaron 3 lanzacohetes y 99 bayonetas fusil AK-103; y 6 pistolas.

“Los detenidos fueron imputados por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación. “Queremos dejar claro que estos criminales, que atacaron dos puestos militares, robaron armas y municiones son responsables de la muerte de un soldado”, declaró.

El oficialismo aseveró que quienes participaron fueron entrenados en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

« ¿El robo de armas de guerra es para qué? Se roban para promover crimen y asesinato de venezolanos. Calificamos a estos terroristas como son: criminales y asesinos. Nadie puede excusar que quiera entrar al debate político en este país, con el asalto a un cuartel».

El 29 de diciembre, la Cancillería pidió a su homóloga brasileña la entrega de los militares que huyeron a Brasil por ser «desertores»  vinculados al ataque al fuerte; en ese mismo comunicado se confirmó la captura de otros tres presuntos sublevados el 28 de diciembre.

Desaparición forzosa, tratos crueles, inhumanos o degradantes

El Foro Penal denunció que desde su detención, los 13 indígenas de la etnia Pemón del estado Bolívar, han sufrido tratos crueles e inhumanos, así como desaparición forzosa. Resalta el caso de uno de ellos, Frank Fernández, quien estuvo 56 días desaparecido, sin que sus familiares ni sus abogados tuvieran conocimiento del lugar donde se encontraba, ni de su estado de salud.

Ortiz aseguró que han sido aislados en varias oportunidades, sin poder comunicarse con su familia o abogados y fueron trasladados de centro de reclusión sin la orden expresa de un tribunal.

«Además, han sido sometidos a diferentes tipos de torturas físicas, tales como, asfixia, golpes, incluso con objetos contundentes. Han recibido tortura psicológica como amenazas e insultos, los han hecho dormir en el suelo y obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas y botellas. La poca comida que les fue suministrada durante los primeros días de detención fue tirada al suelo y de ahí debían comérsela«.

Resaltó que sus familiares deben viajar más de 1.200 kilómetros desde Kumarakapay hasta Caracas para poder visitarlos, llevarles alimentos y  para poder interponer denuncias por desaparición forzosa y por tratos crueles, inhumanos y degradantes, ante el Ministerio Público, específicamente ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales de ese órgano.

Además, indicó que cuando fueron trasladados al Rodeo II se cometió otra irregularidad, la cual fue denunciada ante el Ministerio Público y a la fecha no han tenido respuesta.

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«El lugar de reclusión fijado en la audiencia de presentación  fue la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta de Caracas. Fueron trasladados sin que mediara una orden judicial para tales efectos, al Internado Judicial Rodeo II, ubicado en Guatire, estado Miranda, donde estos ciudadanos indígenas están obligados a hacer vida con el resto de los presos que han cometido delitos comunes».

Por ser habitantes de Kumarakapay, los 13 indígenas gozan de una medida cautelar de fecha 28 de febrero de 2019 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, identificada con el N° 181-19, en la cual la CIDH solicito el cese del hostigamiento a los miembros de esta comunidad indígena.

El Foro Penal ha denunciado ante los órganos jurisdiccionales de Venezuela, así como ante los organismos internacionales de protección de los DDHH, todas las violaciones a las que han sido sometidos al ser alejados de su lugar de origen y sometidos a un proceso viciado de violaciones constitucionales, sino que además no se ha respetado la jurisdicción especial indígena.



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