Revocatorio y presidenciales: cualquier vía requiere estrategia, tiempo y construir alianzas

Caracas.- Aunque el CNE hubiese anunciado un cronograma más amigable para activar el revocatorio y éste se hubiera concretado, igual escribiría este artículo. Que en la realidad el CNE decidió un cronograma para recoger firmas que es cuesta arriba cumplirlo para una oposición que está como está, respalda haberlo escrito.

No porque imaginara que iba a pasar lo que pasó. Tanto la aprobación de las solicitudes como el cronograma me sorprendieron por lo fulminante. Mi escenario “por defecto” era el de todos: que el gobierno obstaculizaría esta solicitud, pero pensé que sería en la etapa de las firmas, que no se llegasen a las 20% requeridas en las 24 entidades electorales. Algo como un 2016. Mi segundo escenario era que el gobierno aceptaría el revocatorio. Algo como un 2004 ¿Por qué? En mi análisis –como dejó ver Maduro en su mensaje a la nación el día 15-1-22- el ejecutivo está muy satisfecho de la institucionalidad chavista que está en operación, con sus 5 poderes. No pensé con malicia política sino, “qué más que aceptar el revocatorio para mostrar esa institucionalidad chavista en funcionamiento”, por lo que consideré el gobierno podía aceptar el revocatorio. En los dos escenarios me equivoqué.

De manera hábil en el plano político porque se infringió un derecho, el ejecutivo vía CNE hace difícil el revocatorio y la oposición en redes sociales asumió que “murió” o fue “fusilado” como tuiteó uno de sus promotores, César Pérez Vivas. Sin ruido, sin escándalo, sin conflicto. De hecho, antes de sendas decisiones del CNE, nadie en el gobierno habló del tema. Tampoco después. Fue un tópico exclusivo de la oposición. Sencillamente, el CNE no niega el referendo, solo que lo “pone cuesta arriba”. El 26 es cuando se firma y veremos cómo lo toma la población. 

Algo que llamó mi atención fue que la iniciativa tuvo pocos dolientes cuando “murió”. Tal vez por esto en tuiter no pocos reaccionaron con algo como “nos quitaron ese peso de encima”, y cierto alivio que noté en tuits.

Vivo y trabajo en una zona muy opositora a la que a veces me cuesta ajustarme porque mi oposición es la organización política y participar en elecciones, y no la “presión y el quiebre” que gusta en mi área. Ningún comentario en los chats sobre la decisión del CNE, a diferencia de otros años en donde los mensajes eran encendidos. Ni siquiera de los “duros de la política” del terreno. Todo el mundo pendiente del agua porque El Hatillo es el municipio de Caracas más castigado con el “vital líquido” –por lo menos desde 2015 sedientos, y 2022 arrancó mal, con el silencio burocrático de Hidrocapital; los silencios en un sistema autoritario, no sabemos nada, pero tampoco queremos preguntar mucho- o si el aseo pasó. Las personas se replegaron a su micromundo en donde hay mayor control que en el macromundo –que controla el gobierno- y las expectativas son vivir lo mejor que se pueda y “ser feliz”, mientras llega “el algún momento” que producirá “el quiebre”. La acción política se limita a las redes sociales con mensajes a “favor de la causa” con mi “rechazo a…” y mi “solidaridad con…”.

La lección que queda de esta experiencia es que no hay “atajos” institucionales o de otro tipo. Cualquier vía requiere estrategia, tiempo, y construir las alianzas para darle fuerza. Hasta el “quiebre” lo requiere. Los promotores civiles del revocatorio -porque no fueron los partidos de la oposición- no hicieron ese trabajo. Desde 2021 hablaban de la propuesta, pero sin hacer el trabajo político -al menos en lo que se vio- para que la iniciativa tuviera peso político y dolientes reales. Fue una decisión auto suficiente en la espera que el revocatorio por sí solo, movilizaría a la sociedad. Algo como la “chispa que encienda la pradera”, tesis todavía en boga en nuestro “leninismo de liceo” que corta a todos los grupos políticos.  

¿Que haberse preparado tampoco garantiza un revocatorio? porque –el nuevo mantra- “nada es seguro, ni el revocatorio ni las presidenciales”- claro que nada es seguro, pero al menos habría dolientes en la sociedad y la decisión del CNE tendría eco en la población, no ese ambiente lúgubre, de tomados por sorpresa, y de indefensión que se respira luego del anuncio del CNE del día 21.

¿Dónde me equivoqué en mi análisis antes del día 21? En no ver lo que el gobierno ve y pasarlo por el lente de mi “wishful thinking”, que es que “aceptar el revocatorio es mostrar que la institucionalidad chavista funciona, que es la meta del gobierno”. Pero el gobierno observa otra cosa que es lógica si uno se mueve en el mundo oficial, que no es mi caso. Es ¿por qué arriesgar la “paz y estabilidad política” que tanto les costó, desde 2014? Darle curso al revocatorio sería atizar épocas para el gobierno superadas. Su meta es otra: mejorar su gestión porque quiere ganar en 2024 y ser reconocido, o una situación parecida a las regionales de 2021 ¿Por qué arriesgarlo por un revocatorio, al que pudo golpear con un bajo costo político porque no tiene mayores dolientes y lo atajó antes de las firmas?

El gobierno siente que, por primera vez en casi 10 años, tiene “paz política” y la va a aprovechar para recomponer su alianza y mejorar la gestión. El día 20-1-21 el presidente Maduro escribió que tienen clara la estrategia hasta 2030. Por cierto, escribí en portal de la casa, El Cooperante, acerca de esto antes de la declaración de Maduro en un artículo publicado el día 8-9-21. En el acto del PSUV el día 23-1-22 en Miraflores, Maduro reiteró el tema. Afirmó “rumbo al 2030 con las 3R.Net”. En ese mismo acto, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, expresó que “tenemos 8 años” (desde 2022 a 2030) para aplicar las “3R.Net”.

El PSUV en su Boletín Nº 282 de fecha 21-1-22 también deja ver esta lógica en su editorial, al comentar el mensaje de Maduro a la nación el día 15 de enero. El gobierno embalado en su “reinvención”. Si puede o no es otra discusión. Pero es su meta. Si las presidenciales son en diciembre de 2024 –pueden ser antes en ese año, no creo que el gobierno las adelante antes de 2024- el ejecutivo tiene casi 3 años para “reinventarse”, que es lo que está en sus planes dentro de la “apertura a lo Maduro”. 

A la oposición, entonces, también le toca “reinventarse” y por eso hablar del revocatorio y las presidenciales tiene sentido, más cuando uno de los grupos promotores del revocatorio, Mover, afirmó que no desiste de la iniciativa y demandó al CNE “que el proceso se ajuste a derecho y se cumplan los tiempos legales”.  

De entrada, mi posición es prepararse para 2024. Si asumo que las presidenciales son en diciembre, faltan más de dos años pero en el tiempo político, no es mucho. En los gobiernos democráticos hasta 1998 los candidatos presidenciales se escogían el año antes de la elección, en las famosas convenciones de los partidos, por lo menos en AD y Copei. Así que para 2024 no falta mucho si se toma en cuenta el inmenso trabajo que la oposición tiene por delante si quiere ganar esa elección, como espero ocurra.

El debate sobre el revocatorio o las presidenciales no debe centrarse en si el primero es “un derecho”. Claro que lo es. Derecho que fue negado por el gobierno de Maduro en 2016 –no fue mi opción en ese entonces, sino las regionales- y las elecciones regionales se hicieron en 2017 no en 2016 cuando correspondía, por la conveniencia política del gobierno el cual tiene la principal responsabilidad, pero las corrió como respuesta a la estrategia insurreccional de la oposición, a la que tampoco le interesaron las regionales. En 2022 el CNE lo conculcó otra vez. Discutir si es “un derecho” o no es de poco valor. Más bien, el debate puede enfocar cuál de los dos es mejor para lograr la alternancia y, lo más importante, estabilidad política para un eventual gobierno de la oposición. En mi análisis, las presidenciales de 2024 son mejores para estas dos metas.

La intención del constituyente de 1999 con el revocatorio fue tener un mecanismo directo para evaluar a un presidente en la lógica que la exposición de motivos de la constitución hace cuando define al sistema de gobierno de Venezuela como uno “semipresidencial que se puede calificar como flexible”.

La exposición de motivos argumenta que “esta nueva regulación constitucional (sobre la responsabilidad del presidente, N. R) evita la irresponsabilidad política de los presidentes que caracterizó el período republicano que culmina con la aprobación de la nueva constitución. De esta manera, quién sea titular de la presidencia puede ser evaluado políticamente por su gestión en dos oportunidades: la primera, cumplida más de la mitad del período presidencial de seis años, por la solicitud del veinte por ciento o más de los electores para efectuar un referendo revocatorio del mandato; y la segunda, por la postulación del presidente a la reelección popular para un segundo mandato. En ambos casos, el pueblo determina la suerte del presidente, confirmando su confianza para que se mantenga en el cargo, o retirándole su apoyo, con la consecuencia de su retiro forzado. En realidad, es un medio de profundización de la democracia mediante dos mecanismos de control social sobre la gestión del Estado que se particularizan en la sujeción del presidente a la voluntad popular”.

El espíritu del constituyente de 1999 fue hacer del revocatorio una “evaluación política” que puede traducirse en el “retiro forzado” de un presidente. Mi análisis de esta cita es que el revocatorio fue pensado para un “país normal” con partidos sólidos que tuvieran relaciones menos conflictivas entre sí, y un sistema de pesos y contrapesos en funcionamiento. Es decir, la capacidad para llegar a acuerdos políticos y unas instituciones que eviten los excesos del poder o del “populismo”.

Pero en la realidad, el revocatorio es una “válvula para la presión política” que no ha funcionado. Es un dispositivo para “un ajuste de cuentas” en crisis políticas, aunque no se ha empleado mucho y nuestro conflicto político viene desde antes de 1998. Todavía sigue. Hay que recordar que se puede revocar no solo al presidente sino a cualquier funcionario electo. Su poco uso revela que su aplicación no es sencilla pero sus efectos pueden ser los no esperados. En 2004 con las firmas. Quienes rubricamos para pedir el revocatorio a Chávez, fuimos estigmatizados como grupo.

No viví la experiencia de ser despedido por firmar o que me preguntaran si “firmé contra el comandante” para un trámite público, pero muchos sí. Sí viví la experiencia de 2016. Como parte del partido MUD en ese entonces, firmé la comunicación al CNE para solicitar el revocatorio. Cuando el proceso fue detenido en octubre de 2016 por la decisión de varios tribunales por el tema del 1% de las firmas, recibí una prohibición de salida del país junto a otros compañeros de la directiva del partido MUD.

Para los firmantes, el revocatorio no se vivió como un “bonito derecho de la democracia participativa y protagónica” sino como una cacería de brujas que acabó con familias y proyectos de vida. 

Sus efectos, entonces, no serán los que el texto de la exposición de motivos “para ingleses ver” sugiere cuando dibuja un presidente que puede irse, una institucionalidad perfecta, y unos ciudadanos alegres. El problema es que hará todo lo posible para no irse. El diseño de la constitución fue pensado para un sistema político virtuoso, pero cuando del poder se trata en una nación con un conflicto político, la virtud que vale es retenerlo, sea con “el fin justifica los medios” o con “son los medios los que justifican el fin” (me muevo en esto último, pero no he estado en la candela política, por lo que es fácil para mi decirlo).

Si lo que se quería era evaluar un presidente, el constituyente pudo hacer obligatorio el revocatorio de manera que el mandatario no lo pudiera obstaculizar –como Chávez y Maduro hicieron en su momento, aunque el primero al final aceptó el reto, y de seguro cualquier otro presidente no chavista lo obstaculizará porque casi ningún político tiene la vocación de Emparan- o no haber incluido esta figura y la reelección sería la prueba para un presidente, si opta por reelegirse. Si no decide reelegirse, será la prueba para su gobierno.

Mi primera objeción, entonces, es que el revocatorio en un país con un conflicto político lo profundizará porque los votos que revocan o no revocan se asumen como “mayorías totales”. Se toma como un duelo: el que gana se lo lleva todo y el que pierde, lo pierde todo.

Chávez no fue revocado en 2004 pero eso no fue señal para moderarse. Lo interpretó como una autorización para seguir con un modelo que se alejó de la carta magna y que tuvo en el documento editado por Marta Harnecker en noviembre de 2004 y titulado “El nuevo mapa estratégico”, su “constitución socialista informal” que impuso al país ¿Alguien se acuerda del “metodo ChAz” de 2005? Luego, interpretó su victoria en las presidenciales de 2006 como un endoso a su socialismo ya autoritario el cual buscó legitimar con una reforma a la constitución en 2007 que no ganó. Pero no fue obstáculo para imponer vía habilitante su modelo autoritario.

En 2015 la oposición articulada en la MUD ganó arrolladoramente la AN en diciembre de ese año, pero interpretó su victoria no de acuerdo a las cuñas que ofreció al electorado durante la campaña, sino como un apoyo para adelantar una estrategia para desalojar a Maduro por la fuerza, estrategia que todavía se mantiene en la oposición que encabeza el interinato.

El revocatorio entra en esta lógica de mayorías que interpretan mal su mandato popular para “forzar” –palabra que emplea la exposición de motivos en el caso del revocatorio- la salida de un presidente sin definir “checks and balances” que moderen los resultados del duelo político o, mejor dicho, asume en el papel que una institucionalidad republicana va a operar en un país polarizado como es Venezuela hoy (así la palabra polarización moleste a cierta opinión opositora). La teoría es que el revocatorio abrirá la puerta a la “felicidad republicana”. Pero en la práctica, “forzar” puede significar un conflicto político de mayor nivel.

Los promotores del revocatorio dirán, como los ingleses sobre la política, que la “prueba del pudín es comerlo” pero, en este caso, el “comerlo” sería algún tipo de acuerdo previo entre el Sí y el No sobre las consecuencias del revocatorio, sea cual sea su resultado. Si no se da, el “sabor” del “pudín” será el de 2004 o el de 2016.   

El revocatorio es legal. No es mi opción, pero no lo considero fuera del marco de la lucha política dentro de un sistema autoritario. Así como tampoco cuestiono a quien se abstiene en una elección. Para la constitución el sufragio es un derecho. El ciudadano puede usarlo si quiere. En mi caso, lo uso, con condiciones o si hay menos condiciones, pero es mi derecho, no sujeto a los caprichos en redes sociales, ni le doy el carácter de “es un recurso más” como hacen los promotores de la estrategia de la “presión y el quiebre” en su “real politik” de medio pelo. Quien considere que su voz política es más fuerte con la abstención está en su derecho a no sufragar. 

Mi objeción es la naturaleza que tiene el revocatorio en la sociedad venezolana de hoy y sus consecuencias en cuanto a reforzar una lógica de la “rendición y capitulación” –que hacen del conflicto venezolano uno “intratable”- y sobre la gobernanza del ejecutivo, sea porque no fue revocado o uno nuevo que se instale.

Consideraría al revocatorio si es producto de un acuerdo entre el gobierno y quienes lo promueven, sea en México o en otro espacio. O un amplio acuerdo entre sus promotores. No solo acordar las reglas para activarlo sino más importante, responder a cómo será la política y el gobierno si Maduro es revocado o no revocado. Pero este escenario de “política de verdad” no lo veo en la realidad venezolana. El ejecutivo no tiene motivos para aceptar un revocatorio –como sucede- ni la oposición la capacidad para conducir un proceso que lleve al revocatorio, sin que sea un “ajuste de cuentas”, como pasa. Asomar que será un “plebiscito” –figura que no existe en la constitución- comunica la idea de “cobrar” que complica su concreción.

Por los motivos anteriores opto por las presidenciales de 2024. Con éstas el conflicto político tampoco desaparecerá, pero es una elección que va con nuestra tradición política -el pueblo elige a su presidente- y es una lucha que estimula más la construcción de reglas para una eventual alternancia en el poder. Es un “triunfar o fracasar” con mayor dignidad política para los contendores. 

Tampoco se trata de “esperar”. No es mucho tiempo para lo que hay que hacer, pero si el suficiente para que la oposición acuerde cómo asumirá esa elección, principalmente en el método para seleccionar al candidato y la plataforma programática, que incluya los famosos “primeros 100 días” ¿Qué hará en esos tres meses iniciales si llega al gobierno? La MUD se creó en 2009 y desde ese entonces comenzó a trabajar para las presidenciales de 2012. Es decir, 3 años. Menos de lo que falta para 2024. Cuando nació la MUD, no existían las distancias que hoy hay dentro de la oposición y había un consenso en una estrategia básica que fue la de “acumular fuerzas”. Existió un cierto “espíritu de 2009” que hizo posible un ambiente para producir las instituciones y reglas para las primarias de febrero de 2012. Fue un trabajo constante y dilatado, que no improvisó.

Hoy estas condiciones no existen o las hay en menor grado. Ni siquiera el “espíritu de 2009”. Por ejemplo, pasaron las regionales y como si nada. En mi artículo para El Cooperante que analizó los resultados de noviembre en la oposición y publicado el día 29-11-21, se planteó que un reto para aquélla es “si tendrá la capacidad y la disciplina política para preservar sus resultados”. Hoy se siente que los 4 gobernadores y más de 100 alcaldes, junto a los legisladores regionales y municipales, cada uno trata de hacer su mejor gestión ¿pero no hay una “marca oposición” para su trabajo? La MUD trató de hacerlo y fue difícil. Si la oposición no es capaz de darle un sello a sus resultados de 2021 con las regionales y 2022 con Barinas ¿podrá articularse para 2024? Ni siquiera Garrido se salvó de la inquina de sus antiguos amigos. El domingo 9 era un héroe, el lunes 10 ya una persona “que aceptó la sumisión” que es la nueva expresión de moda de los promotores de la “presión y el quiebre”, eso sí, desde la comodidad de tuiter. 

Antes de abordar las reglas para las presidenciales de 2024, primero la oposición tiene que evaluarse a sí misma. En 2009, esa evaluación estaba avanzada o casi lista, y allanó el camino para un trabajo unitario, pero ¿cómo está esa evaluación en 2022?

En otras palabras, primero la oposición tiene que hacer unas meta reglas para luego llegar a las reglas. Eso toma tiempo. El revocatorio no lo permite, porque promoverá un clima “de ahora sí” y de “voy a llegar al poder” que se encamina a ser otro desinfle para la oposición.

Las presidenciales tienen la fortaleza que dan tiempo para que la oposición se piense a sí misma. Si es posible y con una oposición articulada, pueden abrir un espacio para conversar con el gobierno cómo será una alternancia, si la oposición gana. La transición “a la venezolana” puede tener en experiencias de política comparada una orientación, pero no podrá ser al calco. Se hará entre venezolanos. Entre los venezolanos y venezolanas del gobierno y de la oposición. Será una construcción conflictiva y accidentada porque no parece posible la política de “la capitulación y la rendición” que tanto el gobierno como la oposición persiguieron ¿persiguen? desde 2016. La realidad es que dos fuerzas que no pueden anularse deberán reconocerse y coexistir. Así como todas las instituciones para una eventual alternancia. Todo será “hecho en Venezuela” si se quiere un país que funcione en todos sus niveles.

Lo más importante de todo no es el revocatorio o las presidenciales por sí mismas, es que la oposición comunique claramente al país que tiene capacidad política y de políticas públicas para asumir el gobierno del Estado. No es simplemente capacidad técnica, sino política y ésta se ve en las acciones y en el discurso de los dirigentes. Construir esa confianza para toda Venezuela –que incluye al mundo chavista, no chavista, y los no alineados- llevará tiempo. La consistencia en política es una inversión a largo plazo. La demagogia o la improvisación son a corto plazo. La oposición ganará no solo porque “repita el 2015” o porque “vaya unida, participe, y defienda los votos” sino, principalmente, si es percibida por la población como consistente en sus acciones y discurso, y con capacidad para ser gobierno. Si es capaz de ofrecer estabilidad política. Las elecciones se ganan primero en la conciencia de los votantes y luego en las máquinas. Tiene cerca de 3 años para hacerlo. 

De aquí mi preferencia por las presidenciales para 2024 y no por un revocatorio que ahondará más las diferencias ya de por sí profundas que existen en Venezuela. Cuando el ideal “que en política no hay victorias ni derrotas permanentes” sea más real en nuestro contexto, el revocatorio puede tener sentido.