Sala de Apelaciones declara inadmisible la recusación contra Karim Khan en el caso Venezuela I

Caracas/Foto: Archivo.- La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) declaró este lunes inadmisible la recusación presentada contra el fiscal Karim Khan, en relación con el caso Venezuela I, por “conflicto de intereses”.

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En su página web, la sala también rechazó la solicitud del fiscal de una autorización para presentar una contrarréplica a la solicitud y desestimó la “Moción urgente para abordar irregularidades procesales” y la “Solicitud para abordar fallas procesales y supervisión ética por parte de la Secretaría de la CPI”, introducidas en noviembre de 2024.

“De conformidad con el artículo 42 (8) del Estatuto y la regla 34 (2) de las Reglas de Procedimiento y Prueba, dicta por mayoría, con el voto en disidencia de la Magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza, que se rechaza la solicitud del Fiscal de autorización para presentar una contrarréplica”, se lee en el documento. 

Asimismo, la Corte negó “por irrelevante” la petición de la organización no gubernamental  Un Mundo Sin Mordaza de una autorización para  presentar observaciones amicus curiae en el proceso. 

La sentencia permitirá que las investigaciones y acciones en curso continúen sin interrupciones. En la actualidad, la CPI está gestionando los casos Venezuela I y Venezuela II, los cuales están relacionados con serias alegaciones de violaciones de derechos humanos en el país.

Oficina de la CPI criticó la "falta de progreso" del fiscal Karim Khan

La sentencia se refiere a la exposición de motivo presentada por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV) de la Corte Penal Internacional (CPI) el 22 de noviembre. En la misma, el ente criticó la "falta de progreso" del fiscal sobre el caso de Venezuela.

En un documento enviado a la Sala de Apelaciones de la CPI, la OPCV subrayó que desde que se remitió la situación en Venezuela a la CPI en 2018, las víctimas han expresado su "frustración ante la escasa acción" por parte del fiscal.

El informe revela que a pesar de que se anunció una investigación en diciembre de 2021 y se reanudó oficialmente en abril de 2024, "no se ha concretado oficialmente ningún caso". Las víctimas afirman "sentirse abandonadas y desatendidas".

Según la OPCV, una de las principales preocupaciones es que cualquier retraso vinculado a la reciente solicitud de recusación del fiscal podría paralizar aún más las investigaciones.

"Un posible conflicto de intereses se suma a la frustración de las víctimas, quienes temen que se use como excusa para justificar la inacción", subrayó Paolina Massidda, abogada principal de la oficina.

Además, señala que los recientes acontecimientos en Venezuela, en particular la "represión" postelectoral que comenzó el 29 de julio, "han agravado la situación de las víctimas".