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La Lupa

Sanciones económicas: cuando la política y los ciudadanos pierden

En mayo del 2019, un informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, informaba que las sanciones económicas impulsadas por el gobierno de Donald Trump habían causado decenas de muertes al empeorar rápidamente la crisis humanitaria

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Caracas.- Venezuela cambió para siempre desde que se convirtió en un país sancionado por los Estados Unidos. La implementación de las primeras sanciones en el año 2017 eran solo el comienzo de una serie de acciones políticas sobre la economía nacional por parte de una potencia extranjera que perseguía un cambio de gobierno por la vía de la paralización económica y la intervención militar. Cuando las sanciones sectoriales llegaron, ya no se trataba solo de una medida de “presión” para generar incentivos dentro de una negociación, cambios de comportamiento o supuestos quiebres dentro de la coalición dominante, era mucho más que eso. En la práctica se convirtió en un compendio mediático, un gran portaaviones político con muchos beneficiarios, una herramienta de manipulación controlada por grandes operadores, dirigentes de la oposición y personas interesadas en hacer grandes negocios fuera de Venezuela.

Desde el inicio de las sanciones, se manejó el argumento: “Mientras más sanciones, más débil será el gobierno”. La temporalidad, el alcance y los daños colaterales nunca fueron explicados y los actores políticos de la oposición venezolana decidieron impulsar una política de exigencias a los Estados Unidos para que fuera más contundente en su estrategia sancionatoria. Sin embargo, desde Washington se advertía de los riesgos de estas políticas sobre Venezuela y su impacto en la población. En mayo del 2019, un informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, informaba que las sanciones económicas impulsadas por el gobierno de Donald Trump habían causado decenas de muertes al empeorar rápidamente la crisis humanitaria. Según Weisbrot, las sanciones impedían a los venezolanos el pago de medicamentos, equipos, alimentos y otros bien esenciales que son importados. Ambos economistas en su informe coinciden en como las sanciones imposibilitaban una recuperación económica en un entorno de hiperinflación. Para Jeffrey Sachs, esta política es “infructuosa, fracasada, despiadada, ilegal y causa graves daños. Estas medidas coercitivas unilaterales causan tanto daño como una guerra y son un irrespeto del derecho internacional”.

La evidencia que refleja el impacto negativo de las sanciones económicas sobre Venezuela sobrepasa la realidad y los discursos políticos que niegan el efecto destructivo de estas medidas coercitivas. Durante más de cinco años, la oposición venezolana más radical ha instrumentalizado las sanciones para atacar mediáticamente y perseguir a aquellos sectores de la sociedad que con fundamento, datos e investigación no están de acuerdo con esta estrategia asumida por la Casa Blanca. Esta situación ha generado una gran fractura dentro de la misma oposición ya que plantea ciertos problemas estratégicos en aquellas organizaciones que se sostienen del pulso electoral norteamericano. Estamos hablando de políticos venezolanos que reemplazaron la política local por la dependencia a la comunidad internacional y la esperanza de la “máxima presión”.

En este año electoral, las voces pro-sanciones y aficionados se han calmado un poco ya que sería prácticamente un acto suicida elevar la propuesta como si el contexto fuera el 2019. Además, la administración del presidente Biden ha estado enfocada con cierto pragmatismo en el tablero económico petrolero dadas las circunstancias geopolíticas que enfrentan los mercados ante un escenario volátil, de inestabilidad y de guerra permanente. A su vez, más del 75% de los venezolanos según datos de la encuestadora Datanalisis, señalan que no están de acuerdo con las sanciones y consideran que esto no va a generar un cambio de gobierno.

La ciudadanía nuevamente, siendo la más afectada por las decisiones de los políticos ha generado mayor conciencia política sobre este tema tan complejo y de múltiples aristas. Con las sanciones sectoriales todos pierden, hasta el más radical de los opositores ya que no será posible una transición teniendo como punto de partida la afectación de la economía y la industria petrolera, muchísimo menos la calidad de vida los venezolanos. Hoy la población no recuerda a John Bolton, ex asesor de seguridad de Trump o a Steve Mnuchin, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, solo recuerda a aquellos políticos venezolanos que en los peores momentos de la economía del país se atrevieron a pedirle a una potencia extranjera más sanciones. No se trata solo de la licencia 44 o la 41, no es un asunto de “alivio” o concesiones que se dan sobre la base de una dinámica de conflicto político o el péndulo de una negociación en Barbados, es la economía de una ciudadanía harta de la hostilidad y desaciertos de ambos lados. Quienes requieren un “alivio” urgente son los venezolanos.

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