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Sin esperanza: El suplicio de pacientes renales y trasplantados en este 2018

El Cooperante | 27 marzo, 2018

Caracas, 27 de marzo.- Los trasplantados renales iniciaron 2018 con el temor, cada vez más latente, de perder sus órganos y morir, debido a la crítica escasez de medicamentos que les permiten llevar una vida con normalidad. Ya en 2017 se veían los estragos de la crisis hospitalaria y de fármacos que atraviesa Venezuela. Para julio del pasado año, de seis medicamentos primordiales para los trasplantados, solo había disponibilidad de dos en todo el país.

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Debido a que los órganos trasplantados son ajenos al cuerpo del receptor, los pacientes deben medicarse de por vida para evitar el rechazo y prevenir así, una muerte prematura. Es entonces cuando se genera la problemática, puesto que los fármacos que ayudan a al organismo a sobrevivir con el nuevo injerto, no están siendo despachados por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), el único ente estatal autorizado para proveerlos, y adquirirlos en farmacias privadas, cuando hay, es un todo lujo.





En cifras

Como consecuencia, en 2017, cinco pacientes trasplantados renales murieron, 20 perdieron el órgano y otros cinco infantes trasplantados de hígado, estuvieron en situación crítica, según reportó la organización no gubernamental, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida).

En lo que va de 2018, la situación no ha mejorado. En el primer trimestre del año, que aún está en curso, han muerto dos personas, quienes al no recibir los inmunosupresores, experimentaron rechazo de los órganos y murieron. Las víctimas fatales, Luz Marina Martínez, de 40 años de edad y madre de dos menores; y Marta Solórzano, de 50 años de edad, quien había solicitado ayuda a través de las redes sociales para conseguir los medicamentos rapamune y myforte.

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El último reporte de Codevida, emitido por su presidente, Francisco Valencia, apunta que otros 15 pacientes están en proceso de rechazo del órgano, mientras que en el estado Táchira se registraron cuatro ya con rechazo, lo que significa que casi 20 afectados están al borde de la muerte. Pero el panorama completo es aún más desalentador. En Venezuela hay alrededor de 3 mil 500 personas trasplantadas, de las cuales, se estima que todas padecen, en distintos niveles, los estragos de la escasez de medicamentos.

Los dializados

Pero los trasplantados no son los únicos que sufren por la crisis. Quienes dependen de las dializaciones para mantenerse con vida, experimentan con mayor frecuencia cada vez, los efectos negativos sobre su salud al no recibir el tratamiento como es debido. Hasta junio pasado, los 16.000 pacientes con insuficiencia renal que se registran en Venezuela, contaban con los servicios de diálisis subsidiada por el Estado en 134 centros a escala nacional, una cantidad precaria según alertaron para entonces los especialistas.

No obstante, según el diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, en la última semana de enero de este año, 32 unidades de diálisis cesaron sus funciones por la falta de insumos requeridos para aplicar los tratamientos y al bajo monto (Bs. 40 mil) que paga el Seguro Social por cada paciente. Pese a la denuncuia, la situación no mejoró. A mediados de marzo, 13 centros nefrológicos alertaron sobre el cese de sus servicios, debido a la falta de insumos y al precario pago que reciben del Estado.

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Para callar el inminente colapso, el Gobierno alardeó sobre la dotación de 15 mil 096 dializadores que serían distribuidos en los centros nefrológicos del país a inicios de febrero, sin embargo, Valencia alertó que los kits alcanzarían apenas para unos días de tratamiento. A poco para Semana Santa, el presidente de Codevida reiteró su llamado, asegurando que para la venidera fecha festiva no hay tratamientos disponibles para los pacientes. En lo que va de año, al menos 17 personas con insuficiencia renal han muerto en Vargas, tres en Zulia, tres en Lara, y uno en Miranda, debido a que no han podido dializarse.

Estas muertes, al igual que el número de pacientes afectados por este mal, podrían reducirse significativamente si el Estado proveyera los insumos y medicamentos, optimizara las unidades dializadoras y reactivara la donación de órganos, programa que prácticamente está extinto. Según explicó Valencia, “antes era una ONG privada que, con supervisión del Estado, se encargaba de llevar todo lo relativo a los trasplantes, y se realizaban de 250 a 300 por año. Sin embargo, desde que se publicó la Ley Sobre Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos, y fue tomado por el Ministerio de Salud, empezó a decaer todo”.

En este sentido, acotó que la actividad fue reanudada con la exministra Luisana Melo, sin embargo, desde 2016 la situación volvió a empeorar, y se agravó desde la toma de posesión de Luis López Chadaje, quien habría desarticulado la administración de la fundación encargada de estos procedimientos.

Los niños

La población infantil afectada por este mal, tampoco se salva de la crisis. A inicios de año, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) alertó sobre la suspensión de sus servicios, debido a que los donantes debían ser procesados ante la cartera de Salud. En este sentido, informó que 30 niños, pacientes nefrológicos del Hospital J.M. de los Ríos, fueron evaluados y calificaron para ser candidatos en lista de espera para recibir un injerto, pero desde mayo pasado no han recibido respuestas. En el mencionado centro de salud, se realizó apenas un trasplante de riñón durante 2017.

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Aunado a esto, la unidad de nefrología del hospital presenta una grave contaminación desde hace meses, que ha ocasionando la muerte de un estimado de siete infantes y más de 10 afectados, quienes resultaron infectados al ser tratados con las máquinas de hemodiálisis que, según reveló un estudio realizado en el último trimestre de 2016 por la Unidad de Gestión de Tecnologías en Salud de la Universidad Simón Bolívar (USB), están contaminadas con heces fecales.

El estudio evidenció dos problemáticas básicas, las cuales puntualizó en el saneamiento de las instalaciones y la rehabilitación de los sistemas de aguas servidas y blancas de la institución. Desde entonces, se corroboró que los tres tanques que surten agua en el hospital y se utilizan para limpiar las máquinas, estaban contaminados, pero el de la unidad de nefrología se encontró en un estado más crítico. Asimismo, se comprobó que el sistema de aguas blancas solo estaba operativo en un 14%, mientras que el de aguas servidas funcionaba en un 70%, lo que representa un serio problema de insalubridad para el hospital, puesto que el 30% que se encuentra inoperativo, repercute directamente en todo el sistema hospitalario.

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A casi un año de la denuncia, la ONG Prepara Familia, todavía denuncia las fallas en el servicio, y admite que, aunque la higenización de los tanques se realizó, se desconoce bajo qué condiciones. Asimismo, la fundación alertó que pese a que se inició la reparación de algunas de las dializadoras dañadas, una falla en la bomba de la planta de ósmosis, que se utiliza para el tratamiento, impide que los pacientes puedan conectarse. En cuanto a los insumos, Prepara Familia denunció que las dotaciones han sido irregulares, tanto para los pacientes que requieren diálisis como para los trasplantados.

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