Investigación
Sin ganancia alguna: el ciclo que llevará a muchas panaderías a la ruina (+Infografías)
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Caracas, 14 de marzo.- Tener una panadería en Venezuela al parecer ya no es un oficio rentable. La presión del Gobierno venezolano los obliga ahora a destinar 90% de su producción en pan canilla, subsidiado a 100 bolívares, en una nación donde la inflación anual cerró en 700%.
La problemática aumenta cuando el suministro de harina de trigo panadera regulada a 12.000 bolívares no es constante. Los dueños del negocio recurren entonces al mercado negro donde se cotiza en promedio a los 150.000 bolívares.
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Panaderos sostienen que los costos reales impiden vender una canilla en Bs 100 o un campesino en Bs 180, como lo establece la Sundde. Además, no solo se trata de la harina, hacer un pan lleva otros ingredientes también difíciles de obtener, como la levadura, azúcar y manteca. Algunos acatan la norma pero deben sacar menos pan y optan por vender pastelitos de hojaldre, cachitos y postres porque son más caros y ayudarán a pagar los gastos del local, según datos reseñados por El Nacional.
La nueva medida del Gobierno venezolano no ataca la raíz del problema, que no es más control, sino más suministro constante. Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina (Fetraharina), indicó que para poder tener consumo mensual de pan deben llegar al país 120.000 toneladas "que son cuatro barcos regulares para que se acaben las colas".
"El último trimestre del 2016, decíamos que el primer trimestre del 2017 iba a ser exageradamente complicado y las pruebas de lo que decimos son las colas que hay en las panaderías. Para poder tener consumo mensual tiene que venir 120 mil toneladas, que son 4 barcos, regulares para que se acaben las colas. Si no hay materia prima no hay producción, si no hay producción no hay trabajo", señaló.
Inevitablemente la nueva medida del Gobierno venezolano no solo afectaría a los propietarios, sino también a los trabajadores, ya que las panaderías registrarán solo pérdidas que no permitirán pagar salarios. De hecho, según dijo Crespo hasta diciembre habían botado a 353 trabajadores por el conflicto que ha venido agudizándose.
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