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Suiza modifica y endurece sanciones contra 16 funcionarios del Gobierno de Venezuela

Elizabeth Fuentes | 7 agosto, 2019

Caracas.- Las sanciones anunciadas en marzo del año pasado por el gobierno de Suiza fueron modificadas y endurecidas hoy 7 de agosto de 2019, e incluyen las áreas económicas y financieras (congelaciòn de cuentas y de bienes) así como prohibición de compra de armas, prohibición de obtener visa y libertad para entrar o salir de su territorio.

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La mayoría de los sancionados, de acuerdo a la información oficial, han incurrido en violaciones a los Derechos Humanos, represión política, detenciones arbitrarias, torturas y socavar el estado de derecho en Venezuela.
Entre los funcionarios del gobierno de Nicolas Maduro mencionados por represión política, torturas y violaciones a los Derechos Humanos, se incluyen a los militare Néstor Luis Reverol Torres, Ministro del Interior, Justicia y Paz; ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Gustavo Enrique González López Reelegido como Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 30 abril de 2019. Antonio José Benavides Torres Jefe del Gobierno del Distrito Capital (Distrito Capital) hasta enero de 2018. Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de 2017.

Sergio José Rivero Marcano, Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 16 de enero de 2018. “Sus acciones y políticas como general Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, incluida la Guardia Nacional Bolivariana agredir a miembros de la Asamblea Nacional elegidos democráticamente e intimidar periodistas que informan sobre las elecciones fraudulentas para la Asamblea Constituyente ilegítima”. Jesús Rafael Suárez Chourio, Comandante General del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela y exComandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central).

Iván Hernández Dala, Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y Jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015. Como Jefe de la Dgcim, Iván Hernández Dala
Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde enero de 2014 y jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015. “Como Jefe de la Dgcim, es responsable de graves violaciones de derechos humanos y la represión de sociedad civil y oposición democrática cometida por miembros de la Dgcim bajo su comando”.

El único civil acusado por estos delitos es Tareck El-Aissami Maddah, Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria y Producción Nacional. “Como ex vicepresidente de Venezuela con supervisión de la dirección de la Bolivariana Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN) Maddah es responsable de los graves derechos humanos y violaciones cometidas por la organización, incluida la detención arbitraria, por motivos políticos y por tratos inhumanos y degradantes y tortura”.

Las sanciones actualizadas hoy, también incluyen a las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez, Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Sus acciones y políticas han socavado la democracia y el estado de derecho, incluso facilitando el establecimiento de la Asamblea Constituyente”. La sigue Sandra Oblitas Ruzza, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y presidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil, responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral”. Y obviamente, los otros dos funcionarios del CNE, Socorro Elizabeth Hernández Hernández, a quien también acusan de “manipulación del proceso electoral en relación con una cancelación elección presidencial revocatoria en 2016, aplazamiento de elecciones gubernativas en 2016 y el reubicación de los colegios electorales a corto plazo antes de las elecciones para gobernador en 2017”.

Igual ocurre con Xavier Antonio Moreno Reyes, Secretario General del Consejo Nacional Electoral (CNE). Responsable de aprobar decisiones del CNE que han socavado la democracia en Venezuela. Los representantes de los poderes públicos, como el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Fiscal designado por la ANC, también engordaron la lista de sancionados por Suiza. A Maikel José Moreno Pérez lo señalan de haber “apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han socavado la democracia y el gobierno de ley en Venezuela, y es responsable de las acciones y declaraciones que han usurpado el autoridad de la Asamblea Nacional”.

A Tarek William Saab Halabi, Fiscal General de Venezuela designado por la Asamblea Constituyente, le acusan de que “En este papel y roles anteriores como Defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, él ha socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela al apoyar acciones públicas contra opositores del Gobierno y la retirada de competencias de la Asamblea Nacional.

Igualmente a la fiscal Katherine Nayarith Harrington Padrón, nombrada Fiscal General Adjunto por el Tribunal Supremo, la sancionan por ” violación de la Constitución, en lugar de por la Asamblea Nacional. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso iniciando motivaciones políticas procesamientos y no investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de régimen de Nicolas Maduro.

También refrescaron las sanciones a Diosdado Cabello Rondón y a Delcy Rodríguez. A Cabello por estar “involucrado en socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluido el uso de los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar políticas oposición, a otros medios y a la sociedad civil.

En cuanto a la Vicepresidenta Delcy Eloina Rodríguez Gómez, también la acusan de “usurpar los poderes de la Asamblea Nacional, usándolos para atacar la oposición y evitar que participen en el proceso político”.

Finaliza la lista con Elías José Jaua Milano, Ministro del Poder Popular para la Educación. “Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela a través de su papel en la dirección del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima”, seguido de Freddy Alirio Bernal Rosales, Jefe del Centro Nacional de Control del Comité de Abastecimiento Local y Producción (CLAP) y Comisionado General de Sebin. Responsable de socavar democracia a través de la manipulación de las distribuciones del programa CLAP entre los votantes.
Además, como Comisionado General de Sebin, es responsable de las actividades de Sebin que incluyen violaciones graves de los derechos humanos, como la detención arbitraria.

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