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Economía

SuperCable apelará suspensión de operaciones ordenada por Conatel

La compañía aseguró que mantendrá activos sus servicios mientras ejerce su derecho a apelar la medida impuesta por el ente regulador

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Caracas / Foto: Getty Images.- La empresa de telecomunicaciones SuperCable anunció que recurrirá a la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que ordenó la suspensión de sus operaciones en Venezuela.

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En un comunicado, la compañía aseguró que mantendrá activos sus servicios mientras ejerce su derecho a apelar la medida impuesta por el ente regulador.

"SuperCable es una compañía que, de manera responsable, siempre ha actuado en cumplimiento de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando el servicio a nuestros abonados. Nuestra operación se mantendrá, por lo que su servicio se encontrará operativo", reza el texto.

La empresa también escribió que "recurrirá la decisión de Conatel y ejercerá el derecho que tiene según las leyes de la República Bolivariana de Venezuela". Asimismo, se comprometió a mantener informados a sus usuarios "con suficiente tiempo" para garantizar la continuidad del "servicio que actualmente disfrutan".

Foto: Captura de pantalla / El Cooperante

En una decisión, emitida el pasado viernes 14 de marzo, Conatel revocó los títulos administrativos que autorizaban a SuperCable ALK Internacional S.A. a operar en el país. Según el ente regulador, esta medida se tomó "por violación a los derechos de los usuarios".

El organismo venezolano estableció un período de transición de 60 días, contados a partir de la fecha de la notificación, para que los clientes afectados puedan migrar sus servicios a un nuevo proveedor autorizado.

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“Durante este plazo, SuperCable ALK Internacional S.A. mantendrá sus operaciones únicamente para garantizar el derecho a la información y comunicación de sus abonados”, agregó. 

De acuerdo a Conatel, durante el proceso administrativo iniciado contra la empresa, se determinó que SuperCable ALK Internacional S.A. suspendió sus servicios de telecomunicaciones sin notificar previamente al ente regulador o a sus usuarios, lo que, según dijo, “afectó directamente el derecho a la información y a la comunicación de los suscriptores”. 



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