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Tamara Adrián, la mujer que tiene 13 años esperando que el TSJ reconozca su identidad

Christhian Colina

Caracas, 8 de marzo.- La Real Academia Española define el termino transexual como “lo dicho de una persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto”. La palabra carece de valor jurídico, al menos en Venezuela, tal es así que desde el 20 de mayo de 2004 en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reposa una acción iniciada por la ahora diputada Tamara Adrián, denominada “habeas data”, con el fin de que le sea reconocida su identidad como mujer en su documentación personal.

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El caso volvió a la palestra el 1º de marzo de 2016 luego que, el máximo juzgado del país con ponencia de la magistrada Lourdes Suárez en la sentencia número 010, admitiera la acción innominada presentada por Adrián, visto que gira en torno “de la persona y su dignidad, como núcleo esencial de los Derechos Humanos, lo cual incluye diferentes aspectos tales como los datos recopilados sobre las personas o sus bienes y sus relaciones jurídicas. (…) Por lo que se requiere generalmente para la protección judicial de los mismos un interés, personal, legítimo y directo”.

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El fallo elaborado por la magistrada y hermana del fallecido fiscal Danilo Anderson no argumenta la demora en la acción del recurso, por cuanto han pasado casi 12 años desde su presentación, sin embargo señalan las múltiples constituciones y reconstituciones de la sala por las jubilaciones de los magistrados y permisos temporales para su separación del cargo.

El recurso presentado por la parlamentaria suplente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Distrito Capital, pasó por las manos de los magistrados Iván Rincón Urdaneta, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Suárez, para fungir como ponente de la poco expedita admisión.

Tal demora podría considerarse una violación flagrante del artículo 26 de la Constitución nacional, que estable que “toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente (…)”.

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