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Tarek William Saab acusa a la CPI de “instrumentalizar” el sistema penal con “fines políticos” 

El fiscal zaciones y figuras públicas” para construir una “realidad paralela”.

Saab reiteró que en el país “no se han cometido delitos” de lesa humanidad, y puntualizó que el Ministerio, junto a órganos auxiliares, continúa investigado los casos

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Caracas/Foto: archivo.- El Ministerio Público (MP) rechazó este viernes la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar la apelación de Venezuela sobre la reanudación de la investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad.

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En rueda de prensa por Venezolana de Televisión (VTV), el fiscal general de la República, Tarek William Saab indicó que la corte “insiste” en la “instrumentalización” de la justicia penal internacional con “fines políticos”. 

“La estrategia de acusar a Venezuela en la CPI fue coordinada entre Luis Almagro y el Grupo de Lima para lograr lo que por otras vías no han logrado”, afirmó Saab. En este sentido, denunció que se han utilizado un “arsenal de medios de comunicación, redes sociales, organizaciones y figuras públicas” para construir una “realidad paralela”.

Saab reiteró que en el país “no se han cometido delitos” de lesa humanidad, y puntualizó que el Ministerio, junto a órganos auxiliares, continúa investigado los casos de presuntas violaciones. Aseguró que las denuncias han disminuido en un 36 % desde 2018 hasta 2023, por lo que afirma que el Estado venezolano ha colaborado y continuará haciendo con la Corte Internacional. 

"Un crimen de lesa humanidad, en los términos previstos en el Estatuto de Roma, consiste en una serie de delitos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Lo de Israel en Palestina", acotó.

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El fiscal anunció que desde el inicio de la investigación del caso Venezuela I, su despacho ha consignado 14 informes ante la Fiscalía de la CPI que incluye: cuatro informes ampliados, uno de análisis comunicacional y controles judiciales dirigidos a la sala de cuestiones preliminares. Además de un compendio de 300 fichas o minutas. 

Mencionó que la evaluación del 20 % de las evidencias entregadas por Venezuela ante la Fiscalía es una “ofensa” que demuestra el querer de la CPI de “tutelar” a todo el sistema de justicia del país. 

Investigaciones de la CPI

Saab condenó que la oficina del alto comisionado se encargara de “defender a asesinos” y pidiera conocer investigaciones que no eran de su competencia. 

“Expedientes como ese (haciendo referencia al del rapero caraqueño) es el que quería revisar la oficina en Venezuela. Delitos comunes, casos de terrorismo. Yo me pregunto, ¿Para proteger a los terroristas? Casos de inteligencia organizada, personas detenidas por corrupción. Me entero de que eso tiene que ver con derechos humanos”, manifestó. 

Puntualizó que en el país algunos sectores quisieron “inventar” una “desaparición falsa” en el caso de la activista Rocío San Miguel, detenida por estar presuntamente involucrada en el intento de magnicidio en contra del presidente. Detalló que, aunque su hija la visitó en el centro de reclusión, organizaciones afirmaron que era víctima de una “desaparición forzada”.

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“Como no tienen esos motivos acá en Venezuela, pues los inventan cuando hay una detención contra una persona. Es decir, usted aquí puede ser terrorista, intentar promover actos subversivos, toma de rehenes, de fuertes militares, intentos de asesinatos en contra del presidente de la República y usted, automáticamente, la CPI y la ONU lo convierte en un preso político y de conciencia”.

Actuación de la justicia venezolana

El titular del MP cuestionó que la oficina de la ONU, expulsada en febrero por el Gobierno de Nicolás Maduro, investigara casos en los que no se identificaron las presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos. “¿Por qué no tienen identidad? ¿Por qué no colocaron formalmente la denuncia? ah, pero fue Almagro el que las mandó”.

En este sentido, dijo que 2.313 personas han sido imputadas por violaciones a DD. HH. desde el inicio de su gestión, y acusado 2.658. Se privaron de su libertad a 963 personas y lograron la condena de 555 ciudadanos. 

Las gestiones -acotó- han provocado la disminución de las denuncias de la materia en el país entre 2017 y 2023.

“Holocausto del siglo XXI”

Saab condenó que la CPI y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se pronuncien ante lo que llamó “el holocausto del siglo XXI” en la Franja de Gaza. “El fiscal de la CPI debió haber montado una carpa y su oficina completa en Gaza. Estar allí es el deber ser de una Fiscalía. La oficina del alto comisionado para los derechos humanos desvío haberse instalado como un escudo de protección para la población civil”, afianzó. En este sentido, el fiscal dijo que era una “burla” contra los seres humanos que creen en la paz y en el derecho internacional.

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Rechazó que la CPI “nunca” haya emitido medidas contra autores de asesinatos masivos contra la población por parte de los gobiernos de Israel. “Es lo que llamamos el cinismo occidental”. 





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