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Tensión en España: Gobierno asume funciones de Cataluña y anuncia relevo de Puigdemont

Pierangela Morillo

Madrid, 21 de octubre.- Durante una rueda de prensa ofrecida este sábado por el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, dio a conocer que el Ejecutivo español asumirá todas las competencias en Cataluña y relevará al presidente regional, Carles Puigdemont, y a todos sus consejeros, en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía. Asimismo, Rajoy anunció que quiere convocar elecciones regionales en Cataluña en cuanto se recupere la situación de “normalidad”

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El artículo solicitado a aplicar al estado independiente, establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva. En este sentido, Rajoy señaló que el artículo 155 solo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba.

De igual modo, el mandatario español, insistió en que no se suspenderá la autonomía del estado, ni su autogobierno, sino que serán relevados los funcionarios que no han incumplido con el autogobierno.

El Ejecutivo español justificó la aplicación de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña por la “desobediencia rebelde, sistemática y consciente” de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y porque sus decisiones “atentan gravemente” contra el interés general.

En una exposición de motivos emitida por el Consejo de Ministros, también se hizo hincapié en el “profundo deterioro de las bases de convivencia, bienestar social y crecimiento económico en la comunidad catalana” que están poniendo en “riesgo” los fundamentos de progreso del conjunto de la sociedad. En este sentido, alertaron de que una hipotética Cataluña independiente estaría fuera de la Unión Europea y sufriría un “empobrecimiento de entre el 25 y el 30 por ciento”, situación que el Estado asegura que debe evitar por el interés general.

Con información de EFE. 

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