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"Cambio ocurrirá cuando FAN decida que el colapso es mayor a las ganancias de la crisis"

Caracas, 28 de enero.- "El que conduce debe escuchar, incluso a las verdades más duras", dijo Simón Bolívar, que liberó gran parte de América del Sur del dominio español. Los líderes de Venezuela hoy en día, que toman a Bolívar como su inspiración, ignoran su pronunciamiento.

La economía de Venezuela se redujo casi 19% el año pasado, según una primera estimación filtrada por el Banco Central. Eso sería malo incluso para una nación en guerra, que Venezuela no lo es. La inflación fue del 800%, la escasez de alimentos y medicamentos están causando hambre y saqueos,  La mortalidad infantil se ha disparado y Caracas es la capital con la tasa de homicidios más alta del mundo.

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Los líderes de la "revolución bolivariana" de Venezuela cerraron sus oídos a tales verdades. El Banco Central no ha publicado oficialmente los datos sobre el crecimiento o la inflación desde principios de 2016. Nicolás Maduro, quien asumió como presidente en 2013, despidió hace días al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, y su sucesor debe "luchar contra las mafias nacionales y extranjeros que atacan nuestra moneda", dijo Maduro al anunciar la designación. Pero lo cierto es que no existen tales mafias; el Gobierno de Maduro es el culpable de la situación de Venezuela.

Sus controles sobre los precios de las divisas y bienes básicos han creado escasez, racionamiento e inflación. En el mercado negro el bolívar vale menos que una de tres centésimas de su tasa oficial más fuerte. Las Fuerzas Armadas, que supervisan la distribución de alimentos, son los mayores especuladores de la escasez. La reducción a la mitad desde 2014 del precio del petróleo, casi el único producto de exportación, hace estos problemas más agudos, pero no es la causa subyacente.

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El desmantelamiento de la democracia empeora las consecuencias de la sordera. El último acto democrático del régimen fue la realización de las elecciones parlamentarias de 2015,  la oposición ganó, y por lo tanto, en teoría, terminó 16 años de monopolio del poder los bolivarianos. Desde entonces, Maduro ha dejado de lado el Parlamento y los intentos de removerlo de su cargo por medios constitucionales han sido bloqueados. El CNE frustró un referéndum para revocarlo, que seguramente lo habría perdido. Este mes pronunció su discurso anual del estado de la nación ante el Tribunal Supremo de marionetas, en lugar de la Asamblea Nacional.

Venezuela necesita tanto el rescate económico y la renovación política, pero es difícil imaginar cuando éstas se aplicarán. La mejor esperanza es que habían habido conversaciones entre el Gobierno y la oposición, que están mediadas por el Vaticano y por la Unasur, un organismo regional, pero ellas se rompieron en diciembre después que la oposición acusó al Gobierno de incumplir promesas vinculadas a los presos políticos y restaurar los poderes del Parlamento. Lo más útil que desde afuera pueden hacer es instar a la reanudación de las conversaciones. Su objetivo debe ser regresar a Venezuela al régimen constitucional y preparar las reformas económicas de emergencia, respaldados con el dinero del FMI.

Los mensajes más duros deben venir de los vecinos de Venezuela y los organismos regionales. Mercosur, un bloque comercial de América del Sur, suspendió a Venezuela el mes pasado debido a que viola sus principios democráticos; la Organización de los Estados Americanos debería hacer lo mismo. Los Estados Unidos deben actuar con moderación. Rex Tillerson, secretario de Estado, se enfrentó a Venezuela como jefe de Exxon Mobil. En su nuevo trabajo debe defender la democracia sin llamar directamente al cambio de régimen.

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La dura verdad es que la influencia de afuera es limitada. El cambio puede venir con el tiempo cuando una facción del Ejército u otra, decida que el riesgo del colapso social es mayor que la probabilidad de sacar provecho de la crisis. Incluso es poco probable que sea una buena cosa. Los soldados con poder político rara vez son buenos oyentes; dice un artículo publicado el pasado 26 de enero por The Economist.



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