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The Washington Post: La sentencia absurda a un líder opositor venezolano

Christhian Colina

The Washington Post.- Hemos escrito a menudo sobre los juicios políticos que toman en cuenta a solo una de las partes, que parecen estar en aumento como medio de represión en los países no libres que tratan de mantener una apariencia de respetabilidad internacional. En los últimos meses hemos visto a periodistas y activistas políticos injustamente y cínicamente llevados a la cárcel. Pero por puro descaro, se compara con la persecución del líder opositor Leopoldo López, quien el jueves fue condenado a casi 14 años de prisión en Venezuela.

López, de 44 años, es, al igual que gran parte del movimiento de oposición, un motivo de esperanza en el futuro de Venezuela, a pesar del colapso político y económico del país heredado del régimen fundado por Hugo Chávez. Un izquierdista moderado, educado en Estados Unidos, López favorece un cambio democrático pacífico; al pedir protestas contra el Gobierno el año pasado, dio varios discursos que llaman a sus seguidores a actuar sin violencia. No en vano, su popularidad en las encuestas supera a la del actual presidente, Nicolás Maduro, por más de 20 puntos.

El régimen respondió a los discursos de López arrestándolo en febrero de 2014, alegando que él era el responsable de los enfrentamientos que se produjeron después de una manifestación, a pesar de que no estaba presente cuando se produjeron. Para explicar sus llamadas claras para la no violencia, el Gobierno afirmó que los tuits de López contenían “mensajes subliminales” que inspiraron a los actos violentos. Si, en verdad.

Luego vino el juicio, que fue cerrado a los periodistas y observadores independientes. En 70 audiencias, que se extendieron por más de 600 horas, el Gobierno presentó 108 testigos de la acusación —ninguno de los cuales, de acuerdo con un comunicado de Human Rights Watch,  ofreció evidencias que respaldaran los cargos—. Entonces a López se ofrecieron tres horas para su defensa. El juez rechazó 58 de los 60 testigos de la defensa, y los otros dos se negaron a declarar. Luego entregó la pena máxima solicitada por la Fiscalía.

Llamar a este caso “una parodia completa de la justicia”, al igual que Human Rights Watch, le da más crédito que se merece. No era nada más que un espectáculo de propaganda crudo y un dispositivo para derribar a un oponente a quien el régimen teme grandemente.

El Gobierno de Obama y varios gobiernos latinoamericanos instaron a Maduro, tanto en público como en privado, para poner fin a la persecución a López y para liberarlo de cara a las elecciones legislativas de diciembre. Ellos fueron ignorados. Ahora los gobiernos deben considerar si su estrategia para Venezuela —lo que equivale a la esperanza de que las elecciones procedan y estar razonablemente libres y justas— sigue siendo viable.

Muy probablemente, no va a serlo a menos que haya consecuencias claras por el encarcelamiento de López. Ya el Gobierno está trabajando para manipular la votación: A otros líderes de la oposición les han prohibido participar. Para disuadir a los más alejados de la ley, los Estados Unidos deberían sancionar a todas las personas que participaron en la persecución de López, empezando por el juez y los fiscales. Si Venezuela tendrá una salida democrática a partir de su caos de montaje, la acción clara y concertada de los Estados Unidos y otras potencias extranjeras serán fundamentales en los próximos meses.

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