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Tribunal anuló acto conclusivo a dos ciudadanos acusados en el caso Fernando Albán

A los funcionarios se les imputa el delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia

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Caracas-. Un Tribunal del Área Metropolitana de Caracas decretó la "nulidad absoluta" de la acusación que interpuso el Ministerio Público y repuso la causa a fase de investigación por la violación al derecho de la defensa de los funcionarios acusados de quebrantar la custodia del concejal Fernando Albán, quien murió mientras estaba siendo custodiado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) precisó que el Tribunal Vigésimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas tomó la decisión.

La decisión es para la causa de Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, quienes eran acusados por el delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia, mientras el concejal Fernando Albán estaba bajo su cuidado.

Más temprano, dirigentes de Primero Justicia decidieron protestar en las inmediaciones de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela, tras cumplirse dos años de la muerte del dirigente político.

La tarde del lunes 8 de octubre murió Albán, luego de haber sido detenido el 5 de octubre en el aeropuerto Internacional de Maiquetía después de haber visitando en el extranjero a sus hijos y participando en reuniones diplomáticas en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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Poco después de fallecer, el fiscal general, Tarek William Saab aseguró que el dirigente político se suicidó, luego de que presuntamente solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. 

No obstante, esta versión es diferente a la del ministro de Relaciones interiores, Néstor Reverol quien dijo que «en el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones».

Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) investiga el caso desde el 23 de octubre de 2019. Además, este suceso es uno de los indicados en el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que señaló que se han cometido “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela.



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