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Trump invoca "privilegio de secreto de Estado" en caso de deportaciones de venezolanos

El juez federal James Boasberg había solicitado información sobre los vuelos de deportación, incluyendo fechas de aterrizaje y listas de pasajeros, tras ordenar la suspensión de las expulsiones de presuntos pandilleros sin debido proceso. Sin embargo, el gobierno argumentó que revelar esos datos afectaría "preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional"

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Caracas / Foto: Archivo.- La administración del presidente Donald Trump invocó el lunes el "privilegio de secreto de Estado" para negarse a proporcionar detalles sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto utilizado por última vez durante la Segunda Guerra Mundial.

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El juez federal James Boasberg había solicitado información sobre los vuelos de deportación, incluyendo fechas de aterrizaje y listas de pasajeros, tras ordenar la suspensión de las expulsiones de presuntos pandilleros sin debido proceso. Sin embargo, el gobierno argumentó que revelar esos datos afectaría "preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional".

Mientras Boasberg evalúa si el gobierno desobedeció su orden de regresar los aviones, un tribunal de apelaciones escuchó argumentos para levantar la medida. Durante la audiencia, la jueza Patricia Millett comparó el trato a los venezolanos con el de prisioneros nazis en los años 40, señalando que estos últimos tuvieron más garantías legales.

"Cuestionamos la analogía nazi", respondió el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign.

El gobierno ha deportado a cientos de venezolanos bajo esta ley, que permite expulsiones sin audiencia judicial. Trump declaró a la pandilla Tren de Aragua como "fuerza invasora", fundamentando las acciones.

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El juez Justin Walker, nominado por Trump, mostró simpatía por los argumentos del gobierno, sugiriendo que las demandas debieron presentarse en Texas, donde se detuvo a los migrantes. En contraste, Millett —designada por Barack Obama— enfatizó que "el presidente debe cumplir la Constitución".

Mientras tanto, abogados del gobierno venezolano presentaron una acción en El Salvador para liberar a 238 deportados recluidos en una prisión de máxima seguridad.

El expresidente arremetió contra Boasberg en redes sociales, pidiendo su destitución y cuestionando su imparcialidad. Anteriormente, aliados de Trump habían pedido su impeachment, a lo que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió que "el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo con una decisión judicial".

AP



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