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TSJ determinó que la diputada Taina González será juzgada sin antejuicio de mérito

El Tribunal Supremo de Justicia estableció que los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público (MP) comprometen la responsabilidad de la exintegrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

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Caracas/Foto: Maikel Moreno.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno determinó este martes la responsabilidad de Taina de los Ángeles González Rubio Andara, diputada de la Asamblea Nacional (AN), en la comisión flagrante de los delitos de tráfico ilícito agravado en la modalidad de transporte y ocultación. 

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En un comunicado compartido por el TSJ se estableció que los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público (MP) comprometen la responsabilidad de la exintegrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

González Rubio ha sido señalada por los delitos de tráfico ilícito agravado en la modalidad de transporte y ocultación, conforme al encabezado del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en relación al artículo 163, numerales 3,5 y 11 de la referida ley, así como el delito de asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 

De acuerdo al TSJ, por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la sentencia N° 1 684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del TSJ, no procede el antejuicio de mérito de la diputada, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponderá a los tribunales ordinarios en materia penal. 

Además, se ordenó remitir copia certificada de la decisión de la Sala Plena al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, para que determine lo conducente, en base a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

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Finalmente, el TSJ ordenó remitir una copia certificada al fiscal general Tarek William Saab, para que se continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando las debidas garantías procesales y derechos constitucionales.





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