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TSJ ratifica la orden de captura contra Roland Carreño

El comunicador participó presuntamente en planes conspirativos de grupos terroristas

@TSJ_Venezuela

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  ratificó este jueves la privativa de libertad contra el periodista Roland Carreño, acusado de los delitos de financiamiento al terrorismo; conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra, todos previstos en la legislación penal venezolana.

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De acuerdo al Palacio de Justicia, el comunicador participó en planes conspirativos como «operador financiero» de grupos terroristas y coordinó presuntamente el financiamiento del plan de fuga del dirigente opositor Leopoldo López.

«Intentan desestabilizar el orden interno y suspender las elecciones parlamentarias próximas a realizarse, para lo cual utiliza la fachada de organizaciones no gubernamentales que también son empleadas como fachada para costear la logística de la denominada Operación Gedeón», dijo el ente público en un comunicado.

El Supremo decretó la privación judicial preventiva del periodista tras reconocer los delitos que cometió, «en virtud de que encuentran debidamente acreditados y llenados los extremos del artículo 236, numerales 1, 2, y 3; artículo 237, numerales 2 y 3; y artículo 238, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal».

Carreño fue trasladado desde El Helicoide hasta el Palacio de Justicia durante la tarde del miércoles para iniciar su audiencia de presentación ante el Tribunal 4 de Terrorismo.

En horas de la noche del lunes el comunicador social y activista de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, fue detenido por los organismos de seguridad del Estado; el fiscal general Tarek William Saab informó, 24 horas después, que efectivamente estaba a la orden de la justicia por «atentar» contra la estabilidad de Venezuela.

Según el fiscal, Carreño portaba un fusil semiautomático AR15 y 12 mil dólares en efectivo al momento de su detención.

La detención de Carreño ha sido rechazada por la oposición venezolana, congresistas estadounidenses y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes consideran que se trata de una «represalia» por parte del Gobierno.

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