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Validar la tarjeta de la MUD: ¿Una medida que podría hacerle un favor al PSUV en presidenciales?

El Cooperante | 23 enero, 2018

Caracas, 23 de enero.- El pasado viernes culminó el lapso de formalización de solicitudes para validación de los partidos, impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 27 y 28 de enero del presente año.

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Los partidos convocados revalidar sus nóminas eran Puente, Mesa de la Unidad Democrática, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular. Estos dos últimos propusieron a los demás partidos validar únicamente la de la MUD y sacrificar las suyas. “Enfoquemos en validar la tarjeta de la Unidad como símbolo de unión contra la dictadura corrupta y criminal”, planteó VP, de Leopoldo López. Sin embargo, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, detalló que ellos sí validarían su tarjeta.

Más allá del debate entre los partidos, existe una premisa que parece ser olvidada y que podría jugarles una mala pasada en unas elecciones presidenciales que son cruciales para el país.  El periodista experto en materia electoral Eugenio Martínez, recordó que a pesar de que VP proponga validar la tarjeta de la MUD, se debe tener en cuenta la demanda que impuso el TSJ sobre la coalición opositora y la decisión de siete jueces penales sobre un presunto fraude en la recolección de firmas para el revocatorio.

Este supuesto fraude fue denunciado en 2016 por Jorge Rodríguez, quien para aquel entonces formaba parte de una “comisión de validación de recolección de firmas”. Según ellos, la Mesa de la Unidad Democrática  violó los reglamentos y cometió fraude en aquel proceso. “Está demostrado que incurrieron en el más gigantesco fraude que haya conocido la historia política y electoral de Venezuela”, dijo en esa ocasión el vocero de las fuerzas socialistas, quien agregó que tanto Henrique Capriles como Jesús Torrealba dieron garantía de la legalidad de las firmas, lo que quedó desmentido con el análisis posterior en el que, según él,  intervinieron testigos de ambas partes.


La denuncia del chavismo se basó en el supuesto hallazgo que 307 mil 747 de las rúbricas no cumplieron con uno o más criterios técnicos, como por ejemplo 10 mil 995 personas fallecidas; 9 mil 333 personas con número de cédula que no aparecen en el archivo de cedulados; un mil 335 inhabilitados políticos por poseer sentencias firmes por delitos graves; y 3 mil 3 menores de 18 años.

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Sin embargo, vale recalcar que en el anterior proceso de validación, la tarjeta de la MUD  no se validó pues obtuvo más de la cantidad necesaria de votos en las elecciones de 2015. Sin embargo, ésta no participó ni en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente, ni de las regionales. En esta última elección, la medida se basó justamente en la denuncia del chavismo que contó con el beneplácito del máximo tribunal y el CNE.

Quien para ese entonces era el secretario general de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba,  advirtió que el Gobierno pretende invalidarles el registro: “A la MUD la amenazan con retirarle el registro a raíz del cuento chimbo de Jorge Rodríguez del supuesto fraude en la recolección de firmas para convocar el referendo revocatorio”.

Ante esa amenaza de la eliminación de la MUD como partido, la oposición no tuvo otra opción que la inscripción de candidatos con el apoyo de otras organizaciones. “La unidad decidió inscribir sus candidatos en esta oportunidad sólo a través de la tarjeta de los partidos políticos de la alianza que resultaron validados por el CNE”, dijo Ramos Allup en rueda de prensa al leer un comunicado de la MUD.

Señaló que esta decisión se tomó debido a que “el régimen se estaba preparando para una nueva y monumental trampa (…) en estas elecciones arreglando desde ya la inhabilitación fraudulenta de la tarjeta de la MUD en todos los estados del país pocos días antes de los comicios”, indicó la MUD en un comunicado.  Es así, como nuevamente surge ante la palestra pública la diatriba que amenaza con eliminar la MUD, pero también con darle vida a una posible maniobra del Gobierno de tomar la antigua denuncia de fraude para impedir su participación en las presidenciales.

La orden de renovación de algunas formaciones opositoras fue dada por la ANC, un órgano conformado solo por chavistas y rechazado por la oposición y numerosos gobiernos debido a su origen, que no contó con un referendo previo para su convocatoria como indica la Constitución. La ANC estableció que “aquellas organizaciones políticas que no hayan concurrido al evento electoral inmediatamente anterior deberán renovarse, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas”.

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