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Dos años sin CIDH: Venezuela opta por debilitar mecanismos para proteger a los vulnerables

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Lohena Reverón.- Este 10 de septiembre de 2015 se cumplen dos años de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), después que el Estado venezolano activara los mecanismos para ello, mediante la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

A pesar del rango constitucional de este tipo de tratados y el principio de progresividad en materia de derechos humanos consagrado en nuestra Carta Magna, la decisión gubernamental se realizó tras una campaña de descrédito y criminalización tanto a este tipo de organismos internacionales, como a las organizaciones que acuden a ella, señalan a través de un comunicado.

Los representantes del organismo indican que debido a las diversas irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia venezolano, la impunidad se ha convertido en uno de los problemas graves de violación a derechos humanos en el país. Sin embargo, las víctimas y las organizaciones que las acompañan, tras el agotamiento de las instancias internas, hoy no cuentan con la posibilidad que sí tienen los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa o de tantos otros casos atendidos por la CIDH así como por la CorteIDH: que en sus correctas peticiones se haga justicia.

“Lamentablemente, Venezuela ha optado por el camino de debilitar los mecanismos regionales existentes que pueden proteger a las personas en condiciones vulnerables frente al abuso de poder”, dice el escrito.

A pesar de la existencia de un recurso de inconstitucionalidad introducido en el Tribunal Supremo de Justicia, que no tenido decisión alguna, las organizaciones firmantes continuaremos exigiendo que el gobierno venezolano rectifique en su decisión de no estar bajo la jurisdicción de la Corte IDH, como lo han recomendado las evaluaciones de los organismos de Naciones Unidas. Además, seguiremos demandando que la Defensoría del Pueblo hable alto y claro para exigir el retorno de nuestro país a los organismos regionales de protección derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos

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