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Venezuela está en alto riesgo de crímenes atroces en un futuro previsible

Elizabeth Fuentes | 23 septiembre, 2019

Caracas.-/Foto de portada: EFE.- El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (R2P), fundado en 2005 para defender a los pueblos víctimas de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad, publicó su informe de septiembre 2019, donde analizó uno a uno los países cuya población está en riesgo. Y por primera vez en su historia, Venezuela aparece ocupando un vergonzoso lugar al lado de Afghanistan, Myanmar, Syria, Yemen, Burundi, el Congo, China , la República Central de Africa, Libya, Nigeria, Cameroon y Burkina Faso. De hecho, se ubica en el tercer lugar en cuanto a crímenes extrajudiciales, solo después de Yemen y Sirya.

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“En Venezuela han ocurrido más de 8.300 ejecuciones extrajudiciales y 12,000 personas detenidas arbitrariamente desde 2014”, señala el informe. Y luego de un detallado análisis sobre el país, concluye que en Venezuela “existe un riesgo significativo de ocurrencia de crímenes atroces masivos dentro del futuro previsible si no se toman medidas efectivas…El conflicto político en curso en Venezuela deja a las poblaciones en riesgo de posibles crímenes contra la humanidad’.





La Responsabilidad de Proteger es una norma global, adoptada por unanimidad en la Cumbre Mundial de la ONU 2005, dirigida a prevenir y detener el genocidio, la guerra, limpieza étnica y delitos contra la humanidad. Y entre sus normas, la tercera de ellas estipula que: “Si un Estado manifiestamente no protege sus poblaciones, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar acción colectiva apropiada, de manera oportuna y decisiva, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas”.

El balance sobre lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro es implacable:  “El descontento popular con el gobierno ha provocado protestas generalizadas. Una crisis económica catastrófica ha resultado en hiperinflación, escasez de alimentos y el colapso de los servicios esenciales. los el gobierno ha respondido rutinariamente a las protestas masivas con fuerza desproporcionada y mortal, así como la movilización de milicias auxiliares, incluidos los llamados “colectivos” armados.

Durante 2018, un panel de expertos independientes bajo el mandato del Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó al gobierno de crímenes contra la humanidad. El gobierno venezolano ha informado que 6.856 personas han sido asesinados en “operaciones de seguridad” desde enero de 2018. Del 19 al 21 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emprendió su primera visita oficial a Venezuela, alarmando sobre un número “inusualmente alto” de presuntos extrajudiciales asesinatos. El Alto Comisionado también ha informado sobre detención arbitraria de opositores del gobierno y sus familias miembros, a menudo acompañados de denuncias de tortura, malos tratos y / o violencia sexual y de género”.





Lo más grave, de acuerdo al anàlisis, es que “En medio de una lucha continua entre el gobierno y la oposición por el control del estado, los venezolanos se enfrentan
a un riesgo permanente de posibles crímenes atroces… La violencia política ha creado un ambiente que facilita la comisión de violaciones graves y
abusos de los derechos humanos, algunos de los cuales pueden constituir delitos
contra la humanidad.”

“Se estima que 7 millones las personas, el 25 por ciento de la población, necesitan atención urgente. La reciente extensión de las sanciones de los Estados Unidos
contra el gobierno de Maduro es probable que exacerbe aún más la emergencia humanitaria al poner en riesgo la importación de bienes esenciales, incluidos alimentos y medicamentos. El gobierno no cumple con su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos, independientemente de su afiliación política”.

Para el organismo, el gobierno debe poner fin de inmediato a la persecución de sus opositores políticos, desmovilizar a las milicias auxiliares, garantizar imparcialidad en las investigaciones de todas las ejecuciones extrajudiciales, y levantar irrazonable restricciones a la ayuda humanitaria. “El Gobierno debería
mantener su compromiso expreso de otorgar acceso total al ACNUDH a centros de detención y liberar a todos los que han estado detenidos arbitrariamente.. Los estados miembros de la ONU deberían imponer sanciones específicas a todos funcionarios gubernamentales responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos, pero abstenerse de cualquier medida eso puede limitar aún más el acceso de las poblaciones a los bienes básicos”

Y finaliza señalando que “Durante su 42ª sesión, el CDH debería establecer un mandato para recoger evidencia de violaciones del derecho internacional en Venezuela e identificar a los autores individuales para ayudar a asegurar responsabilidad por posibles crímenes de lesa humanidad”.

Cabe agregar que El Consejo de Seguridad ha invocado la Responsabilidad de Proteger en más de 65 resoluciones desde 2006. Y el Consejo de Derechos Humanos también lo ha invocado en 30 resoluciones.

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